La norma había sido dictada durante la gestión de Mauricio Macri y establecía restricciones, así como también agilizaba expulsión de delincuentes.
El gobierno derogó hoy un decreto de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, así como también establecía agilidades para los trámites de expulsión.
A través del Decreto 138/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio de baja el Decreto 70/2017, ya que advirtió que desde que entró en vigencia esa norma «se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria».
La normativa del Gobierno de Cambiemos había creado un «procedimiento migratorio especial sumarísimo» para rechazar el ingreso de personas con antecedentes, así como también expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
La gestión de Macri había justificado la decisión al remarcar «la duración de los procesos administrativos y judiciales» y al señalar el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que en 2016 había alcanzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.
También se había establecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplieran condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad» o «delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas», al igual que quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Además, las mismas causas podían ser utilizadas para dar de baja las residencias que se hubieran otorgado «cualquiera fuese su antigüedad».
A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del decreto de Macri, Alberto Fernández lo derogó al advertir que se habían modificado «aspectos sustanciales» de la Ley de Migraciones «que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Asimismo, el gobierno consideró que los cambios introducidos por Cambiemos no redundaron en «mejoras ponderables en otros aspectos».
En marzo de 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había declarado la «invalidez constitucional» del decreto de Macri por presentar «caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en el ordenamiento jurídico», tras lo cual el Gobierno de Cambiemos había recurrido a la Corte Suprema de Justicia.
A la vez, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, habían «expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto», remarcó el Gobierno este viernes.
Finalmente, se creó la Comisión Asesora de Política Migratoria, para «proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871».
