Lo sostuvo el fiscal Matías Edery sobre la causa por asociación ilícita que involucra a Armando Traferri con el juego clandestino. En ese marco se solicitó que declare inconstitucional al artículo 27 del Código Procesal Penal que habilita al senador a no presentarse a audiencia imputativa.
La historia del desafuero de Armando Traferri no llegó a su fin. De hecho, desde la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada se solicitó, ante el Colegio de Jueces de Primera Instancia, la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal que le permite al senador no presentarse a la audiencia imputativa. Según explicó hoy, en contacto con ATP, el fiscal Matías Edery, “la primera posibilidad era darle la oportunidad al cuerpo (legislativo) para que lo habilite, pero ante la falta de habilitación por parte del Senado y el artículo que impide que Traferri se siente en una audiencia imputativa, entendemos que es inconstitucional porque va en contra de lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales que tratan la corrupción”.
En este marco, el funcionario judicial observó “la falta de equivalencia” entre el régimen nacional y el provincial en cuanto a los amparos con que cuentan legisladores. “Las normas provinciales tienen que ir en consonancia con la Constitución Nacional. Esa es la paradoja que se nos presenta con nuestra regulación. Desde el MPA (Ministerio Público de la Acusación) podríamos investigar y llevar a audiencia a un legislador nacional, pero no a uno provincial”, planteó y acotó que esta situación pone de manifiesto “de qué manera el sistema es incongruente y por qué hacemos la solicitud”. Al respecto, ilustró la relevancia del hecho con el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cuenta con fueros y atraviesa un juicio oral, aunque se le respeta la inmunidad de arresto.
De esta forma, Edery esgrimió que cualquier magistrado puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. “Como interviene el Colegio de Jueces de Rosario, se lo pedimos a un juez y éste entendió que correspondía correrle una especie de vista a la defensa del senador Traferri para que conteste. En estos días tendría que contestar”, amplió el fiscal. Pasada esa instancia, el juez en cuestión puede contestar por escrito y hacer lugar a la audiencia; o bien, convocar a las partes para que discutan la mentada inconstitucionalidad.
Ante la eventualidad de que el juez no haga lugar a la petición de los fiscales, se podría acudir al Colegio de Jueces de Segunda Instancia y a la Corte Suprema. “Se puede solicitar otro juez para que revise la decisión de primera instancia”, indicó.
Con relación a la causa estricta que involucra al senador del departamento San Lorenzo con una investigación por juego clandestino en el Gran Rosario, Edery (quien trabaja con su par Luis Schiappa Pietra) no negó el carácter “político” de la cuestión. “Ha habido intentos de campañas de desprestigio hacia nosotros que exceden la causa. Somos funcionarios públicos y hemos aceptado el desafío de tener este tipo de investigaciones y no podemos frenar porque nos puedan echar”, recalcó. En tal sentido, admitió que el Poder Legislativo cuenta con la potestad de “desplazarnos” –dijo–, “pero ese hecho no nos puede acobardar para continuar con una investigación en la que consideramos que tenemos evidencia más que suficiente”.
En la misma línea, el fiscal admitió que junto a sus compañeros fue objeto de intimidaciones. Y, en efecto, “hay causas abiertas en el MPA sobre amenazas”. “La causa no es solamente los fiscales y el senador, sino que es un sinnúmero de personas que incluso toca al crimen organizado de Rosario”, relató.
Acerca de la investigación propiamente dicha, Edery aseguró que fue posible acreditar “numerosas reuniones desde 2017” entre Traferri y el empresario Leonardo Peiti. Éste último, por entonces, “ya era investigado por cantidad de fiscales en tanto encargado de regentear el juego clandestino de la provincia” y, en particular, en la zona de San Lorenzo. “Lo que encontramos es que personas como Darío Scataglini que estaban haciendo lobby para que Peiti pueda legalizar parte su juego en la provincia de Santa Fe”. Por lo dicho, el senador, Peiti y el fiscal Patricio Serjal fueron acusados de ser organizadores de una asociación ilícita.
