Así lo dijo el fiscal general de la provincia. Opinó sobre varios temas: fiestas clandestinas, la criminalización de la protesta gremial y el caso Oldani. Sostuvo que el MPA toma decisiones con firmeza.
El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, se refirió a las actuaciones que se están generando a partir de la desactivación de fiestas clandestinas. También se manifestó sobre la decisión de un fiscal que ordenó la detención de un militante gremial que protestaba por despidos en el sur provincial. Por último brindó su parecer acerca del caso del asesinato del agenciero de turismo Oldani y las implicancias que tiene.
Fiestas
“Hemos tomado una intervención fluida, en función de las diferentes actuaciones policiales que se generaron, estamos poniendo mucho más ahínco en las fiestas clandestinas que se generan”, destacó Baclini en diálogo con el programa televisivo Apto para Todo Público.
“Hay formación de causas a todas las personas que se encuentran en la fiesta, y un trabajo específico con los organizadores que son los que están lucrando, e instigando a que se sigan cometiendo estos hechos”, especificó.
“Las sanciones son de prisión por los delitos previstos en el artículo 205 del Código Penal, que tiene una pena máxima de dos años, o sea que normalmente se cumple en forma condicional, pero si hay una reiteración puede haber un agravamiento de las penas”, dijo.
“En ocasiones se pagaron hasta $1500 por asistir a fiestas clandestinas, para los asistentes también hay sanciones pero son de índole económica a través de faltas administrativas, y también sanciones penales, pero de menor entidad”, afirmó el fiscal general santafesino.
“Han existido situaciones que en el mismo lugar, por el mismo grupo de personas se gestionaron fiestas, ya tenemos una actuación preventiva porque sabemos que se pueden generar”, comentó.
Criminalización de la protesta
En el marco de un nuevo reclamo en el que trabajadores de Guerrero se encadenaron a los portones en defensa de su fuente laboral, la policía de la Provincia de Santa Fe identificó y detuvo a Román Moyano, Secretario Gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor señalándolo como instigador de los bloqueos en los portones de la empresa. Se lo llevó detenido durante el reclamo, sin causa y sin señalar delito alguno. Tras pasar 24 horas detenido en la comisaría de San Lorenzo, en el día de hoy comparecerá en una audiencia imputativa.
El accionar del fiscal Aquiles Balbis sienta un grave antecedente que busca criminalizar la protesta y el reclamo de los trabajadores.
“Pedí informes a la doctora María Eugenia Iribarne y quedó en pasármelo por escrito para tener conocimiento específico de la actuación”, advirtió Baclini.
“Nuestro criterio en estos casos es que existe libertad de reclamo total, el Ministerio Público de la Acusación Jamás interfiere en actos donde hay reclamos de índole laboral, salvo que se generen hechos delictivos, pero la intervención debe ser de una forma en la que no se genere una potenciación del conflicto”, dijo.
El caso Oldani
En pocos días más se cumplirá un año del crimen del agenciero Hugo Oldani. “Se trata de una investigación que es crítico desde el punto de vista de la seguridad pública, porque es un homicidio con ciertas connotaciones y luego se suceden una serie de situaciones que dieron origen a otras investigaciones penales”, opinó Baclini.
“No hubo un correcto proceder en la escena y eso determinó una investigación sobre la fiscal”, indicó y agregó que “es una situación triste que un homicidio con los autores identificados termine en otras investigaciones con derivaciones mucho más difusas”.
En este sentido, mencionó que “nosotros no tenemos capacidad de tomar decisiones sobre los y las fiscales, eso es potestad de la Legislatura, por lo cual cualquier fiscal que tenga una presentación en su contra sigue trabajando hasta tanto exista un trámite administrativo que decida una suspensión provisoria o una remoción”.
Sobre este punto, sostuvo: “no comparto que sea la Legislatura la que tenga el poder de decisión disciplinaria sobre los fiscales”.
Por último, afirmó que “los fiscales somos los más denunciados y los que mayor exposición tenemos, pero no es porque todos procedamos mal, hay una tanda que pueden hacerlo por errores o por actuaciones dolosas, pero esas denuncias vienen porque la Fiscalía es un órgano nuevo, que ejerce un poder que antes no se ejercía, y eso genera controversias y enfrentamientos”.
