Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA, la desocupación afectó particularmente al sector informal. El 56,6% de los puestos perdidos afectó a asalariados no registrados.
Casi cuatro millones de trabajadores perdieron sus empleos desde que comenzó la pandemia, de los cuales más de la mitad pertenecía al sector informal, según un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra).
El estudio relevó que el 56,6% de los puestos perdidos afectó a asalariados no registrados; 39,6%, no asalariados; y 3,8% a asalariados registrados, en una situación del mercado laboral inédita por las medidas adoptadas ante la pandemia y su consecuencia en la actividad económica.
El reporte cita que de acuerdo con información correspondiente al segundo trimestre del año de la Encuesta Permanente de Hogares proyectada a nivel nacional, la caída en la cantidad de empleo se acercó a los cuatro millones de trabajadores.
Acorde a esa conformación, la rápida reducción en los asalariados no registrados alcanzó a los 2,3 millones y en los no asalariados a 1,6 millones, mientras que los asalariados registrados pudieron estar relativamente más protegidos por una mayor regulación estatal.
«Esta fuerte reducción se explica prácticamente en su totalidad por la disminución del número de asalariados no registrados y de ocupados no asalariados, ya sean patrones y trabajadores por cuenta propia», indicó el informe, al destacar que «la importancia de la protección que la regulación de las relaciones laborales puede implicar para los trabajadores».
El estudio aseguró que «la caída fue menor para los asalariados registrados debido a la prohibición de despidos aunada a la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)» que implementó el Gobierno nacional a poco de decretar el aislamiento obligatorio.
Así, mientras que entre los dos primeros trimestres del año (antes y después del inicio de la pandemia), el total de ocupados cayó 20,7%, estas tasas de caída fueron muy diferentes para las distintas categorías ocupacionales.
En el análisis particular del empleo registrado, tanto de los asalariados registrados como de aquellas categorías de trabajadores independientes que realiza aportes a la seguridad social, se destacó que «la creación de empleo registrado se desaceleró durante el gobierno de Cambiemos y directamente se redujo desde 2019».
«En 2020, no había llegado a iniciar su recuperación cuando la disminución se volvió más fuerte, como consecuencia de la pandemia», advirtió el informe.
A septiembre, aunque es el primer mes del año que muestra una mínima recuperación, se perdieron casi 220 mil empleos registrados respecto de diciembre de 2019, es decir, una caída de 1,8%.
Esta reducción se explica principalmente por la disminución en 201.000 en el número de asalariados del sector privado (-3,4%) mientras que también los asalariados del régimen de casas particulares tuvieron una reducción de magnitud: -4,7% que representa 23.500 trabajadoras menos.
Los asalariados del sector público se mantuvieron prácticamente constantes en los meses relevados por el informe.
En otro capítulo del estudio, se señaló que mientras el poder adquisitivo del salario registrado del sector privado se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2015, la tendencia fue descendente desde 2016.
«El deterioro salarial fue particularmente intenso desde el segundo cuatrimestre de 2018, es decir, desde que la corrida cambiaria, con su impacto en el nivel de precios, marcase el estallido de la situación de deuda contraída y se recurriese al préstamo del FMI», analizó el centro de estudios que conduce Eduardo Basualdo.
Así, en 2019 el salario real era 12,5% inferior al promedio de 2015 y en diciembre de 2019 la caída llegó al 14,8%.
En 2020, comenzó un proceso de recuperación, relacionado con el Decreto 14/2020, sancionado a inicios de enero, pero esta mejora volvió rápidamente atrás en el contexto de la pandemia de coronavirus.
En septiembre, los salarios en promedio se ubicaron prácticamente al mismo nivel que en septiembre del año previo y 15,8% por debajo del promedio de 2015.
Este año la evolución del salario público volvió a ser relativamente peor que la del sector privado, y así, a septiembre perdió casi 25% de su poder de compra respecto a 2015.
