A través del decreto 690/2020, el Gobierno había declarado tales servicios como «públicos, esenciales y estratégicos en competencia».
Las empresas que brindan servicios de Internet, cable y telefonía definieron aumentar 20% las tarifas a partir de enero próximo, según le comenzaron a avisar a sus clientes.
Los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus. Las firmas proveedoras de Internet, televisión por cable y telefonía fija y móvil definieron aplicar esos ajustes, y aseguran contar ya con un primer visto bueno del Gobierno. Argumentan la necesidad de aplicar esos incrementos para «mantener la calidad del servicio».
«Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%», informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión Fibertel a sus clientes.
TeleCentro también indicó en las facturas con vencimiento a noviembre que los precios se actualizarán hasta 20% a partir de enero. En mayo, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó que habían llegado a un acuerdo con las empresas para que no hubiera aumentos hasta el 31 de agosto. Pero cuando las compañías habían anunciado ya ajustes del 11% para septiembre, el presidente Alberto Fernández anunció que congelaba hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales.
«De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas», señaló en ese momento el presidente. Advirtió, además, que el Gobierno estaba «recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado».
«El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado», recordó el mandatario. Por medio del decreto 690/2020, el Gobierno declaró los servicios de telefonía, Internet y cable como «públicos, esenciales y estratégicos en competencia», por lo que ahora podría fijar un tope a los aumentos.
