Tras la presentación del texto del ejecutivo, son dos las iniciativas que tienen estado parlamentario. La otra es la que se debatió en 2018, que llegó a la histórica media sanción de diputados y diputadas. ¿Qué tienen de diferente? Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal en Santa Fe, una militante lo explica.
El Ejecutivo Nacional ya envió al Congreso para que sean debatidos dos proyectos de ley que incluyen la legalización del aborto y el Plan de los mil días que procura acompañar a madres durante la primera infancia de sus hijos e hijas.
La presentación inmediatamente despertó reacciones en todos los sectores de la sociedad.
Con este nuevo proyecto, son dos los textos que deberán discutirse: el que llegó en 2018, cuya autoría es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y ahora el que firmó Alberto Fernández.
Al respecto, Mariángeles Guerrero, integrante y vocera de la Campaña en Santa Fe, brindó detalles en el programa televisivo Apto para Todo Público sobre las diferencias que mantienen ambos proyectos.
“Este año cumplimos 15 años movilizadas por el aborto legal, esta es una nueva etapa, estamos más cerca, pero en ningún momento paramos, ni siquiera este año, tuvimos una actitud muy responsable de no convocar a movilizaciones por el contexto del Covid, pero sí estuvimos todo el año alerta”, sostuvo Guerrero.
“Tenemos un proyecto presentado en el Congreso que todavía tiene estado parlamentario, en los últimos días en la reunión con Sergio Massa, él nos dijo que el mejor contexto para que se trate la legalización del aborto en el país iba a ser cuando el presidente enviara su proyecto”, indicó.
Hay dos proyectos: el de la campaña, la militancia, y el otro es el que el presidente presentó. “Hay que decir que es la primera vez que un ejecutivo presenta un texto de estas características, lo cual no es menor porque habla de otro nivel de compromiso con el tema, y creo que eso siempre ayuda para que las leyes salgan, pero no hay que olvidar que también está nuestro proyecto y estuvo nuestra presión durante 15 años”, reflexionó Guerrero.
“A grandes rasgos son proyectos bastante similares, ambos establecen la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación y luego de ese plazo siguen corriendo las causales de penalización que están previstas en el Código Penal”, indicó.
“En cuanto a las diferencias que encontramos, el proyecto del gobierno sí penaliza a quienes realicen un aborto por fuera de la semana 14, en cambio nosotros no pensábamos en una penalización para quien aborte”, remarcó la militante.
“Por otro lado, la objeción de conciencia también es un diferencia, está contenida en el proyecto del Ejecutivo y el nuestro no lo tiene, para nosotras es utilizada para negar la práctica, esconder la información a las mujeres, para no derivar y pocas veces tiene que ver con una razón de creencia, porque muchos médicos lo niegan en el efector público, pero sí lo garantizan en la clínica privada, sabemos que el tema es sensible, y que hay personas que sí objetan por creencia, pero en ningún momento la objeción puede ser una excusa para no derivar”, diferenció la representante de la Campaña.
“También se destaca el tema de los plazos que deben cumplir los efectores de salud para garantizar las prácticas, nosotros establecemos un lapso de cinco días, pero el gobierno lo extendió a 10, hay diferencia desde el punto de vista que una de las formas de no garantizar la práctica es demorarla”, fundamentó Guerrero.
“En 2018, cuando se discutió el proyecto y se logró la histórica media sanción se tomó como base nuestro proyecto, pero también había otras 11 iniciativas, que se pusieron a consideración y se elaboró un dictamen en conjunto”, remarcó en referencia a que se avecina el tiempo del debate y el consenso.
Otra de las diferencias está enfocada en la Educación Sexual Integral (ESI): “si bien en el proyecto del presidente hay un artículo específico al respecto, desde la campaña entendemos que el aborto debe ser un contenido de la ESI, entendiéndola no como una cuestión preventiva, sino como la enseñanza de todo el marco de derechos que asisten a las personas en todos los niveles educativos, y obviamente adaptado al nivel pedagógico que esté atravesando la persona”.
“La Campaña es democrática y estamos abiertas al diálogo, entendemos que también hay otros actores políticos”, finalizó Guerrero.
