Se trata de Eduardo «Curro» Ramos, quien fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Sin embargo, está condenado cuatro veces por delitos de lesa humanidad, lo cual le debe impedir recibir esa posibilidad. Los organismos de Derechos Humanos reclaman que no quede impune.
El Encuentro Provincial de Derechos Humanos expresó su “repudio y profunda preocupación” ante el fallo de la Cámara Federal de Casación II que otorgó el privilegio de la libertad condicional al genocida Eduardo “Curro” Ramos Campagnolo, condenado en cuatro oportunidades por delitos de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación Penal II dictaminó la prisión domiciliaria para el ex policía santafesino Eduardo “Curro” Ramos, condenado en cuatro causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Hugo Kofman, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, le dijo al programa televisivo Apto para Todo Público que «hemos seguido de cerca todos los juicios que se le hicieron, fueron cuatro condenas las que recibió».
El militante de los derechos humanos en Santa Fe indicó que «también vimos la actitud del propio Ramos de amenazarnos, de reivindicar lo que hizo, la ideología de la dictadura, como si estuviese orgulloso de lo que hizo».
A partir de la reapertura de los juicios, Ramos enfrentó cuatro procesos, entre ellos la llamada “Causa Brusa”, en 2009, el primer proceso de lesa humanidad en la historia de la provincia de Santa Fe. En los cuatro juicios fue condenado por distintos delitos –homicidio, secuestro, tortura, abuso y violación– y una de esas condenas fue a prisión perpetua.
Ramos se encuentra detenido desde 2005 y la primera sentencia firme en su contra es de diciembre de 2009. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal II afirmó que el represor reúne los requisitos necesarios para que se le otorgue la libertad condicional, una decisión que generó repudio entre los organismos de derechos humanos de la región.
«Estamos hablando de un beneficio que se le quiere otorgar: la libertad condicional, pero que es algo que a los condenados por delitos de lesa humanidad no debe llegar, aquí se quiere aplicar sin las más mínimas condiciones», dijo Kofman.
«Hace 12 años que está en cárcel con dos condenas a cadena perpetua, y el único plan de reinserción social del cual hace mención el tribunal está hecho en base a informes de la penitenciaría», sostuvo.
Además, indicó que «los tratados y la ley vigente en el país dicen que para dar este paso el Poder Judicial debe consultar a las vícitmas y no se hizo de esta forma, no es una cuestión menor, estas normas no son aplicables las normas de los delitos comunes».
Por último, aseveró que «es la aplicación del dos por uno en Santa Fe, en definitiva lo que están buscando es impunidad, la misma que tuvieron durante 25 o 30 años».
