Se trata de Héctor Viscay. El hecho de violencia se produjo esta madrugada en el Parque Industrial de Reconquista. La Asociación Civil Democracia Directa instó al Ejecutivo y al Legislativo a intervenir.
En horas de la madrugada de este martes se vivieron momentos de violencia en el Parque Industrial de Reconquista. Allí dos trabajadoras de la Algodonera Avellaneda fueron atropelladas por desconocidos que respondían a las órdenes de Héctor Luis Viscay, abogado del grupo Vicentin.
Desde la Asociación Civil Democracia Directa se responsabilizó a la Justicia santafesina por “criminalizar la protesta de los trabajadores haciendo prevalecer, por encima de lo que viene actuando el fuero laboral, incluso con la participación del Ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, en la convocatoria a las partes”.
El conflicto laboral afecta a 400 familias de obreros y obreras de la Algodonera. En este marco, “la intromisión de la Justicia Penal” se produjo debido a su “adhesión a los intereses empresarios que pretenden resolver por la fuerza lo que debe destrabarse dentro de las leyes y las premisas constitucionales de defensa de los más vulnerables”, indicaron desde la Asociación.
En ese orden, cuestionaron al Poder Judicial por “incitar a la violencia” por “ordenar la persecución penal no solo de los trabajadores, sino también sus representantes legales: Luciana Gonzalez y Carolina Walker”.
“Lo que está sucediendo en el norte santafesino, a partir de la caída del imperio Vicentin, es de suma preocupación porque detrás de las pulseadas políticas y financieras por miles de millones de dólares están los trabajadores que perciben 120 pesos por hora, y cobran en especies (carne y aceite)”, destacaron.
“Denunciamos el accionar de la Justicia santafesina que se transformó en herramienta de la patronal cuya clara estrategia es generar el conflicto social, violento, politizando la crisis para violar sus obligaciones laborales. Desde la Asociación Civil Democracia Directa instamos al Poder Legislativo y al Ejecutivo a intervenir activamente e investigar las responsabilidades de estas maniobras por parte de funcionarios públicos”, resaltó la entidad a través de su comunicado.
