Así lo dispuso el presidente y en una ofensiva contra la cúpula empresarial adujo que el juez no permitió conocer el patrimonio real de la empresa». También que deben establecerse las responsabilidades y pidió la recuperación de los créditos».
El presidente puso reversa. Mediante sus cuentas de redes sociales dispuso la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 que ordenó la intervención de la Empresa Vicentín S.A.I.C. por 60 días.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
Fernández explicó que «el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía».
Agregó que «ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019».
En el tercer tuit de un largo hilo, Fernández escribió: «El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo».
También, fundamentó que «nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo».
En otra intervención, el presidente deja en claro su postura: «también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído», dijo.
Fernández explicó que «la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial».
El primer mandatario especificó que «en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores».
Por último, escribió que «he dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».
Anoche, la provincia ya había anunciado el primer portazo, cuando dio por finalizada la negociación con la empresa, por no llegar a un acuerdo.
Hoy, el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia dio a conocer, involuntariamente tal vez, el decreto del presidente, luego dijo que se equivocó, pero no, era verdad.
El Estado se retira.
