El gobierno nacional oficializó la intervención por 60 días de la cerealera. Por su parte, los concejales y concejalas pronunciaron sus posiciones frente a la situación de la empresa ubicada en Avellaneda.
En la sesión de este jueves, los ediles expresaron sus posturas frente a la intervención por parte del Gobierno Nacional a la empresa cerealera Vicentín. En el DNU, el Ejecutivo detalló los motivos de la decisión, entre ellos, se destaca asegurar la continuidad de la empresa. Asimismo, la millonaria deuda de compañía con el Banco Nación fue otro de los argumentos que se utilizaron para justificar la intervención.
Al respecto, el concejal Federico Fulini (Partido Justicialista – Unidad Ciudadana) subrayó “el término que utiliza el presidente de la Nación, el término preciso es rescate, estamos rescatando una empresa muy importante para la Nación y para la provincia. Si se tiene que rescatar a la empresa es que algo no anda bien, algo está pasando en Vicentín para que el Gobierno Nacional tome estas medidas extraordinarias”.
Por su parte, el concejal Sebastián Mastropaolo (PRO – Juntos por el Cambio) afirmó que es productivo el debate y prosiguió al decir que “nos tenemos que preguntar por el motivo de una intervención, no de un rescate, cuál es el fundamento de inmiscuirse en un mercado abierto internacional que tiene reglas claras y que funciona hace 30 años de manera ininterrumpida en la República Argentina” y agregó a su fundamentación: “¿Por qué cuándo hablamos de alimentos, hablamos de Vicentin? Estamos hablando de una empresa exportadora. El Estado lo único que va a hacer inmiscuir a actores que no corresponde que intervengan”.
A su turno, Guillermo Jerez (Barrio 88) destacó “que para 2019 la deuda de Vicentín con Banco Nación es de 300 millones de dólares. En el proceso de endeudamiento superó los límites que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las grandes empresas. Sin embargo, la empresa obtuvo la refinanciación requerida sin hacer las cancelaciones correspondientes. Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de la empresa”.
En tanto, el concejal Carlos Suárez (UCR) expresó que “el planteo del decreto es un desatino jurídico absoluto porque se intenta justificar esa designación de intervención en una previsión de la Ley de Expropiación que es la ocupación temporánea anormal. Tiene que responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita, pero ninguno de esos caracteres se cumple”. Una posición similar planteó Luciana Ceresola (PRO – Juntos por el Cambio): “Esto es una expropiación. No es una intervención ni un salvataje, es una intromisión a una empresa privada. Una intromisión en una época delicada. Me parece una decisión abusiva e inconsulta”.
Por otro lado, Leandro González (UCR – Frente Progresista) valoró el debate en el ámbito del cuerpo deliberante. En ese orden, resaltó que “los primeros damnificados en esta situación y a los cuales debemos apoyar son los trabajadores y los productores que hoy tienen serias dificultades. La realidad es que a la luz de los hechos es una decisión del gobierno nacional en la que no hubo información previa ni indicios de la medida –observó–, sumado a que en la presentación no hubo funcionarios de la provincia de Santa Fe y eso habla de una decisión tomada sin la vinculación necesaria con el gobierno provincial, que no puede estar al margen».
El presidente del Concejo también recordó que “Vicentín obtuvo préstamos importantes de los dos gobiernos nacionales que antecedieron al actual. Estamos convencidos que deben investigarse los empréstitos por parte del Banco Nación por más de 18 mil millones de pesos a la empresa, pero es un tema que debe ser investigado por la Justicia y debemos preocuparnos para que se pueda seguir hasta las últimas consecuencias”.
Laura Mondino (Santa Fe Puede Más – Frente Progresista) consignó que “Vicentín es una de las empresas más importante de la Argentina y debe seguir funcionando, no solamente para resguardar a los trabajadores directos o indirectos vinculados con la empresa, sino que tiene que seguir funcionando para resguardar la producción en la zona norte de la provincia y de toda la provincia porque hay muchos productores de nuestra ciudad de Santa Fe que hoy están siendo afectados por esta situación”.
Seguidamente, e Juan José Saleme (Partido Justicialista) remarcó que es desacertado plantear una grieta y expuso un dictamen jurídico sobre “la decisión del gobierno federal de intervenir la empresa Vicentin se enmarca en una potestad propia de salvaguarda de los intereses de toda la comunidad. Luego de un análisis exhaustivo de la situación particular que atraviesa la empresa la cual acredita un estado de cesación de pagos que motivó su proceso concursal habiendo llegado a la conclusión de que se trata de una de las empresas agroindustriales de capitales nacionales más importantes del país es que el Gobierno Nacional decidió declarar su intervención”, justificó.
A su turno, Laura Spina (UCR – Frente Progresista) evocó que “apenas comenzó el período ordinario presenté un proyecto para que pudiéramos hacer reuniones con diferentes sectores, cerealistas y comerciales por el concursamiento de Vicentín. Lo importante es salvar a la empresa, no a los empresarios porque los empresarios se salvan solos, pero si a la empresa por los trabajadores, los productores, por las pymes y relaciones económicas que tenía esta empresa y que son la mayoría de nuestra provincia y muchos de ellos de nuestra ciudad”.
Por otra parte, Carlos Pereira (UCR – Juntos por el Cambio) adujo que “esta discusión la estamos dando en un momento donde la Argentina pierde alrededor de mil puestos de trabajos diarios y donde están cerrando decenas de empresas pequeñas en todo el país. No quiero dejar pasar el hecho de que estamos discutiendo algo importante pero no es esencial para la economía argentina en este momento y desde el Gobierno Nacional se despliega un gran esfuerzo por salvar toda esta situación que compartimos, pero donde está previsto hacer poco y nada para salvar miles y miles de puestos de trabajo que se están perdiendo”.
A la vez, Paco Garibaldi (Santa Fe Puede Más – Frente Progresista) se sumó a las manifestaciones y enfatizó que “la grieta no nos arrebate a Vicentin”. Mostrándose a favor de “la participación del Estado para evitar mayor extranjerización de la economía, en particular, del mercado de granos”. Sin embargo, “no podemos permitir que se nos escape de las manos, a los santafesinos, una empresa de estas características. Por otro lado, contemplar que nuevamente, en la historia de Argentina, no se termine estatizando deuda privada y que el Estado se haga cargo de ese tipo de deuda”.
Inés Larriera (UCR – Juntos por el Cambio) expresó: “Entiendo que es un atropello esta intervención por lo que debe estar en manos de la Justicia. La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y claramente no puede alimentar a 45 millones. No es Vicentín el problema de la mala distribución de los alimentos en el país. Entiendo que esto tiene que ver con instalar un conflicto para tapar la falta de un plan económico y de seguridad alimentaria para que la distribución de los alimentos llegue de manera eficaz y eficiente a todos los argentinas y las argentinas”.
