Lo manifestó el ministro Marcelo Sain al dar cuenta del carácter conservador de instituciones que resisten modificaciones del sistema de seguridad pública, al que calificó de “muy antiguo” y cargó contra “sectores de la política proclives a poner en tela de juicio pautas de cambio”.
“La cuarentena no puede suspender la ley”. Con ese concepto, el ministro de Seguridad de Santa Fe expuso su parecer acerca la liberación de presos que fue motivo de sendas controversias en la opinión pública. “Los procesos penales y de cumplimiento de penas tienen que continuar independientemente de la cuarentena, (así como) la liberación de una persona a la que le tocaba ser liberada por ya haber cumplido la pena”, sostuvo Marcelo Sain en contacto con Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario).
Ya en el plano santafesino, el titular de la cartera de Seguridad evitó emitir mayores consideraciones en relación con el statu quo. “Fui legislador en la provincia de Buenos Aires, soy bonaerense, no porteño. Hay concepciones de la política diferentes, como en Rosario y la ciudad de Santa Fe. Hay sectores conservadores muy fuertes y organizaciones muy conservadoras. El Poder Judicial es extremadamente conservador, (así como) las instituciones policiales. Lo que estas organizaciones, a veces, no ven que las cosas no están funcionando bien”, esgrimió para exponer que en nuestra provincia advierte “una proclividad de sectores de la política a poner en tela de juicio ciertas pautas de cambio”.
“Cuando se plantea una reforma es porque lo que está no va. Cuando se reformulan situaciones se le pone luz a cosas que sectores sociales quieren tapar”, fundamentó en alusión a la seguridad pública de Santa Fe que “es muy antiguo y fracasó”. “Está claro que no se puede gestionar el crimen con este sistema policial”, definió Sain.
Concretamente, los proyectos que impulsa la administración encabezada por Omar Perotti es una “ley de control policial porque la división de Asuntos Internos es un desastre, no controla nada. La prueba es la corrupción”, manifestó de modo enfático. A raíz de ese diagnóstico, “decimos modernizar el sistema de control policial”, con lo cual “las faltas graves y muy graves que pueden expulsar a un policía se ventilan en un proceso en el que es acusado se puede defender”, explicó. Dicho de otra forma se trataría de “una policía de investigación de policías”.
Otro proyecto se inscribe en la Ley de Seguridad Pública que establece “la estructura de conducción” para la “medición del crimen y estadísticas criminales” en relación con la violencia y delito. También se alientan acciones sobre “bienestar policial” en función de las condiciones laborales y salariales.
