El Estado provincial sigue articulando los mecanismos para que en todas las localidades los gobiernos locales ejerzan el poder de policía. El área provincial de Defensa del Consumidor recibió cinco mil denuncias, desde el 18 de marzo.
Las acciones del gobierno santafesino para que las intendencias y las comunas puedan controlar precios de comercios de proximidad y grandes cadenas está en marcha.
Del mismo modo, se anunció oficialmente la prórroga de la primera etapa del programa de Precios Santafesinos.
En este sentido, Betania Albretch (directora de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor) dialogó con el programa televisivo Apto para Todo Público, vía Skype sobre el tema.
«Se trata de la aplicación del decreto n° 319 del gobernador para otorgar las facultades a municipios y comunas para controlar precios», dijo la funcionaria.
«Es un trabajo que ya lo habíamos empezado a hacer con los municipios que se estaban sumando voluntariamente a las inspecciones, el objetivo es controlar donde se deba y no permitir al abuso de los consumidores», indicó.
Desde el 18 de marzo, hasta el 12 de abril pasado, a través de la línea telefónica gratuita 0800 555 6768 y la página web del gobierno, el número de denuncias recibidas ascendía a 5.368 en 183 localidades.
De esa cifra, el 40% corresponde a la ciudad de Rosario y otro 16% a Santa Fe.
Firmat tiene una de las tasas más importantes de denuncias por cantidad de habitantes, situación que se repite en localidades como Ceres o Avellaneda.
«Estamos trabajando en el modo en el que los municipios y comunas pueden llevar adelante esta tarea, que es bastante novedosa, de todos modos van a tener un acompañamiento, la provincia seguirá estando porque somos la autoridad de aplicación», indicó Albrecht.
«Los municipios están facultados a recibir denuncias, el decreto del gobernador en ese sentido es claro, y en ese marco, deben poder reacomodar sus estructuras para poder trabajar en esto», especificó.
Vale remarcar que hay un listado de precios para comercios de proximidad y uno para grandes cadenas.
En este sentido, la directora fundamentó que «se debe garantizar el derecho de defensa para el comerciante».
Entre las sanciones que se aplican, la más común es la multa, pero también puede aplicarse decomiso de mercadería, clausura del establecimiento, suspensión de beneficios impositivos, se aplicarán en virtud del tamaño del comercio al que se asiste, el giro económico, la gravedad de la infracción, reincidencia.
«En los mercados de frutas y verduras se estuvo trabajando fuertemente, se realizaron inspecciones, acuerdo de precios, porque no sólo recibimos denuncias de consumidores finales, sino también de pequeños comercios que manifiestan estos inconvenientes», afirmó Albrecht.
Por último aclaró que «necesitamos que la denuncia quede asentada, y para poder avanzar las constancias que demuestren lo que se denuncia, por eso siempre hay que pedir factura, ticket».
