La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que la crisis sanitaria supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos.
El mundo podría volverse más desigual y autoritario después de la pandemia de coronavirus, alertó la Organización de las Naciones Unidas al analizar los efectos políticos y sociales que podría dejar la crisis sanitaria mundial.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado tras una reunión virtual en el que, sin apuntar a algún país en concreto, expresó su temor a que algunas medidas de emergencia sean usadas para introducir políticas autoritarias.
La expresidenta chilena agregó que en algunos casos «la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional, que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia». Bachelet evitó dar ejemplos concretos aunque el foco parece estar puesto en países como Hungría, India, Filipinas o Polonia, donde las medidas de control de la población han sido más extremas.
En Hungría, por ejemplo, el Parlamento dio poderes al primer ministro, Viktor Orban, para que gobierne e incluso legisle por decreto bajo un estado de emergencia de duración indeterminada.
En India, los ciudadanos deben usar una aplicación de geolocalización que permite al gobierno comprobar que cumplen con la cuarentena.
El caso Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, apuntó directamente contra el gobierno de Nicaragua. En un informe realizado a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), subrayó que en el actual contexto de «grave crisis de derechos humanos» que hay en el país, Managua altera de manera adicional «el disfrute de derechos, tales como la vida, la salud y la integridad de todas las personas en el país».
En ese contexto, la CIDH llama a las autoridades nacionales a ejercer su deber de garantizar los derechos humanos y adoptar medidas eficaces de atención y contención de la pandemia.
«Preocupa a la CIDH que el Estado no haya implementado medidas de prevención de contagios, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tales como el distanciamiento físico, suspensión de eventos masivos, cierre de centros educativos o de cualquier otro lugar de concurrencia masiva», según un comunicado subido a la página web del organismo.
Asimismo, repara en la situación de las personas privadas de su libertad, que se encuentran en mayor riesgo de contagio por las condiciones propias de los centros penitenciarios.
En ese sentido, llama a las autoridades a adoptar medidas «como la reevaluación de los casos de prisión preventiva» con el fin de identificar aquellos casos que podrían cumplir su condena con medidas alternativas al confinamiento. Bachelet también se refirió a la situación de los presos y detenidos, «uno de los colectivos más expuestos» a virus.
La Alta Comisionada evaluó que su número debe ser «cuidadosamente reducido para evitar una expansión explosiva» y rechazó los planes de algunos países para dictar penas de prisión a quienes violen las normas de distanciamiento social.
«Ello seguramente exacerbaría la epidemia», remarcó Bachelet, y subrayó que ante la actual amenaza que afronta la humanidad «no hay sitio para el nacionalismo o la búsqueda de chivos expiatorios», y denunció los ataques físicos y verbales que han sufrido en algunos países minorías como los orientales.
Violencia y censuras
Al hablar del confinamiento obligatorio, Bachelet mencionó también el aumento de la violencia doméstica, «como han mostrado recientes estadísticas en España y Francia».
Por otro lado, se quejó de la censura a la prensa que se ha registrado en algunos países, justificadas en el combate a la desinformación pero que podrían dirigirse contra cualquier crítica.
«En algunos países se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales», denunció.
Por último, la representante de la ONU alertó sobre las desigualdades sociales que la pandemia está poniendo a la vista, tanto en acceso a las redes de atención sanitaria como en protección laboral, incluso en países desarrollados.
Bachelet remarcó que el coronavirus «tendrá efectos desproporcionados en los más pobres», tal como lo evidencia un estudio del gobierno autonómico de Cataluña, que muestra como el nivel de contagio es hasta siete veces mayor en los barrios más populares.
El primer Consejo de Derechos Humanos realizado de manera virtual también contó con la participación de la Unión Europea, cuya falta de decisión ante la crisis sanitaria ha sido criticado por sus propios socios.
Por su parte, China y Rusia insistieron en la necesidad de levantar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, Cuba e Irán, dado que los bloqueos dificultan los esfuerzos de prevención.
