El presidente de la Corte Suprema provincial se refirió a los 800 detenidos alojados en cárceles de Santa Fe, por quienes la Nación no paga el canon debido. También se refirió a la seguridad, el MPA y el régimen jubilatorio. Defendió el lapso de la feria judicial.
La relación que media entre el Poder Judicial y la inseguridad que motiva el reclamo constante de la comunidad motivó que el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, aclarase que “la justicia entra después de los hechos”. “La autoridad preventora es el Poder Ejecutivo, que tiene el brazo armado que le da la Constitución y la ley”, indicó en el diálogo Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe y Somos Paraná).
De esa forma, el magistrado analizó que los hechos delictivos que sacuden Rosario responden a “rendiciones de cuentas”. “Eso también hay que cortarlo”, precisó en torno a los hechos violentos que se producen a diario, tanto como los atentados que sufrieron edificios públicos también en la ciudad del sur provincial. “Además de los responsables directos, hay que buscar los autores intelectuales para desarmar las estructuras formadas en los últimos años”, sostuvo. Y agregó: “Todos estos homicidios y todos estos pases de cuenta responden a lucha por el manejo del territorio”.
Consultado sobre la cantidad de presos federales que se asientan en cárceles de la provincia, Gutiérrez fue categórico: “Es una barbaridad. Son alrededor de 800. Nunca se pagó el canon porque eso presos cuestan plata, de eso se tiene que hacer cargo la Nación”. Al respecto, el presidente del máximo tribunal santafesino evaluó que la situación deviene de “una falta de energía de una protesta que debiera hacer el gobierno de la provincia porque si ya se tiene una población bastante importante, encima se agregan 800. Si en una celda debiera haber uno y hay tres o cuatro, estamos violando la Constitución y los tratados internacionales. Estamos expuestos a cualquier sanción de los organismos internacionales”, advirtió.
Por otra parte, los tres meses de la gestión de Omar Perotti merecieron el comentario acerca de un encuentro que el gobernador mantuvo con los integrantes de la Corte, en el que se habló de seguridad, la situación del Iapos, la Caja de Jubilaciones y la situación económica. “Entre abril y mayo la situación se va a normalizar”, les manifestó el jefe de la Casa Gris.
“Para los gastos de funcionamiento normal, la plata está llegando –aclaró Gutiérrez acerca de lo que ocurre en la actualidad–. Nuestra preocupación es el plan de obras para poder descentralizar. Pero para eso necesitamos la plata. (La idea) es que no la provincia no pague más alquileres y que (los edificios) sean adecuados al funcionamiento de los tribunales”.
Con relación a la funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cumplidos ya seis años de su conformación, planteó que está la idea de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal que empezó a funcionar en Salta y en Jujuy. Desde su visión, lo ideal sería “hablar con gente que viene trabajando en las provincias desde hace muchos años sobre este tema para no repetir errores”.
Acerca de acortar los plazos de las ferias judiciales, el jefe de la Corte cuestionó el proyecto impulsado por el actual diputado provincial Maximiliano Pullaro. “La feria judicial es más para los abogados que para los jueces. En el tema penal no se para nunca, siempre hay jueces y fiscales de turno –aclaró–. Las guardias se mantienen. El derecho a las vacaciones es constitucional. Este sistema es el más adecuado”, aseveró.
Con respecto a los trámites acelerados para acceder a la jubilación de parte de funcionarios judiciales tras el tratamiento de modificación al régimen previsional en la Justicia, Gutiérrez expresó que, en rigor, se apuntó que “los funcionarios judiciales tengan la misma ley que tiene cualquier empleado del Estado, que es lo que tenemos acá: 30 años de servicio y aumentaron la edad”. Ahora bien, advirtió que “es peligroso que se vaya mucha gente del Poder Judicial porque luego, aunque se cubran las vacantes hay gente de carrera judicial, gente experta. Le hubiera dado a los que están una opción de poder jubilarse por esta ley y que sigan trabajando”, definió.
