Este interrogante planteó la diputada provincial, en la discusión de la ley de Necesidad Pública. Dijo que la transición de los gobiernos no fue la mejor. Pero también que el gobierno actual quiere endeudarse para pagar sueldos y no para hacer obras públicas.
La discusión por la aprobación de los ocho ejes que plantea el proyecto de la ley de Necesidad Pública continúa. En este sentido, los legisladores de la oposición siguen sacando a relucir sus fundamentos, principalmente acerca de discutir los temas por separado y no en un paquete cerrado.
En este sentido, la diputada del FPCyS Gisel Mahmud analizó en el programa Apto para Todo Público los meses iniciales del gobierno provincial y el modo en el cual se viene debatiendo el tratamiento de las emergencias.
“Estoy viendo el principio de la gestión con un poco de preocupación e incertidumbre, no conocemos las políticas que se van a llevar adelante, cómo se van a desarrollar y con qué recursos”, dijo la legisladora.
“La política de juventudes fue una insignia del Frente Progresista y hoy no sabemos si va a continuar desde algún área, por eso hemos pedidos informes al ejecutivo, y lo mismo con otros programas”, sostuvo.
“Cualquier gobierno puede efectuar modificaciones respecto de lo anterior, pero debemos saber concretamente qué se va a estar haciendo”, reclamó Mahmud.
Consultada acerca de las protestas que llevan adelante los trabajadores precarizados que no tienen la posibilidad de quedar en la planta permanente y que tampoco lo pudieron hacer en el gobierno anterior, dijo que “algunas pautas se habían podido acordar el año pasado entre los gremios y el gobierno con respecto a la antigüedad de los trabajadores, pero no se terminó llevando adelante, sin embargo ya hay un piso del cual partir”.
“Estamos preocupados por algunas situaciones, como por ejemplo las del Registro Civil, hay un montón de empleados que deberían poder seguir con sus tareas, pero no lo están pudiendo hacer”, estimó.
“Nos dijeron que nunca hubo reuniones con funcionarios entrantes que explicaran qué es lo que iban a hacer con los trabajadores, es necesario retomar esas pautas que se habían logrado”, sostuvo la legisladora.
Ley de Necesidad Pública.
“No estuvimos de acuerdo con el modo en el que se abordó el proyecto la primera vez que se presentó en la Legislatura, porque la oposición nunca fue convocada ni consultada para discutir, partimos de diagnósticos distintos, estamos planteando una situación diferente en términos presupueatarios, ideológicos o de visiones de lo que debe ser el estado”, concluyó.
En el mismo sentido, afirmó: “reconozco que la transición no fue como correspondía para que todo se desarrollara de manera ordenada, eso fue una dificultad”.
Sobre el texto que se está discutiendo actualmente, sostuvo que “hay emergencia en ocho aspectos, con posibilidades de atribuirle al ejecutivo un montón de cuestiones que son propias de la Legislatura, lo cual no lo compartimos”.
“Respecto del proyecto que ingresó hace poco tiempo, habíamos solicitado que se establezca por separado según las áreas, y además se sumó por ejemplo un endeudamiento de U$S 500 millones, para gastos corrientes, o sea para pagar sueldos”, enumeró Mahmud.
Consultada acerca de la presión que ejercen actores como gremialistas, intendentes o presidentes comunales, la diputada del FPCyS sostuvo que “no estamos en desacuerdo en discutir muchas de las cosas que plantea la ley, entendemos la emergencia de los municipios y comunas, de hecho el Frente Progresista conduce muchos de esos lugares, pero la ley de Necesidad Pública no tiene ni una herramienta para esto. Los municipios están siendo presionados por este gobierno a la hora de hacer reclamos porque no obtienen respuestas hasta que no se apruebe la ley”.
Por último, fundamentó que “todo está atado a una ley que supuestamente vendría a darle al ejecutivo herramientas para llevar adelante un gobierno que no sabemos cuál es, qué quieren hacer y las políticas que quieren aplicar, si nosotros vamos a delegar nuestro rol de controlar al ejecutivo para qué estamos”.
