Se trata de dos ex máximas autoridades policiales que son investigados por ser parte de una banda que realizaba delitos en la reparación de móviles oficiales. Hay otras nueve personas de la misma banda que ya fueron condenadas.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitaron penas de nueve años de prisión para dos exjefes de la policía provincial, según publicó el sitio web www.zonacriticaonline.com.
Ambos, están investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales.
Los acusados son Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54.
Los fiscales les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
Hernández y Jiménez también pedirán que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.
Ellos lo consintieron
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales.
“Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, añadieron.
La modalidad delictiva consistía en “facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron.
En tal sentido, detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.
La concreción de los delitos de Omar Odriozola fue entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico que causó al Estado asciende a $1.058.664,20.
Por su parte, el accionar del otro exjefe provincial Rafael Grau fue entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. El perjuicio patrimonial causado al erario público fue de $958.385”, sostuvieron.
Modalidad delictiva
Los particulares emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían.
Las facturas eran presentadas al habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques.
“Para poder librar dichas órdenes de pago, el Habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística”, revelaron los fiscales y agregaron que “tanto el Habilitado como el Jefe de Logística coordinaban esta tarea con Facundo José Testi, quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación”.
“Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial”, aclararon los fiscales y concluyeron que “era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos”.
Por último, los fiscales apuntaron que “el Habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas, e incluía las facturas así emitidas. Para poder finalizar el trámite, el jefe provincial de la policía debía prestar su conformidad”.
Condenados
Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez.
Denuncia anónima
“La investigación la inició el fiscal Roberto Apullán en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo en el MPA quien era ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, Maximiliano Pullaro. En su denuncia, el funcionario indicó que se anotició de las maniobras ilícitas a partir de un documento anónimo dejado en un sobre cerrado.
