Así lo afirmó el ministro de Gestión Pública luego de la reunión mantenida con los senadores provinciales en torno a los proyectos de ley enviados por el gobernador Perotti. El Ejecutivo solicitó la aprobación de la ley tributaria 2020 y que sea declarada la Emergencia Económica y Financiera en Santa Fe.
El último jueves de 2019 se puede catalogar como maratónico en la legislatura.
Senadores, diputados y funcionarios se abocaron a estudiar y explicar, respectivamente, los proyectos que envió el ejecutivo para marcar un camino rector de la gestión, respecto de las aras provinciales.
En este sentido, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, concurrió hoy a la Cámara de Senadores de la provincia acompañado por sus pares de Economía, Walter Agosto y de Gobierno, Esteban Borgonovo.
Allí, los funcionarios de primera línea del gabinete provincial mantuvieron un encuentro con los legisladores santafesinos antes del tratamiento del paquete de leyes con reformas tributarias y de declaración de emergencia económica, sanitaria, social y en seguridad solicitado por el gobernador Omar Perotti.
Luego de la reunión con los senadores, el funcionario aseguró las leyes son necesarias “porque la situación es extrema, hay dificultades muy serias en el funcionamiento del Estado”.
Agregó que: “Tuvimos la oportunidad de hacerle conocer los detalles de los dos proyectos que remitimos: uno que refiere a la política tributaria para el ejercicio 2020 y el otro a la emergencia en términos económicos, fiscal y policial”.
Además, el ministro auguró a que haya tratamiento legislativo en función de la brevedad de los tiempos y la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo de contar con estas herramientas “para afrontar esta situación económica y financiera delicada y dar respuesta a los trabajadores, municipios y comunas y resolver la cuestión con proveedores y contratistas”.
“Es una cuestión que debe verse en un conjunto y, por eso, han sido remitidas en forma unívoca y necesitamos de la política tributaria y de herramientas para resolver la cuestión fiscal en su conjunto”, afirmó el funcionario.
El déficit está acreditado en el orden de los $9.000 millones pero falta todavía que corra el mes de diciembre, el sueldo anual complementario y un sin número de gastos que todavía no han tenido tratamiento presupuestario”.
“El aumento del impuesto inmobiliario máximo será del 40% rural y 44% urbano y el promedio ronda entre el 35 y 37%”, concluyó.
