El secretario General del gremio, Claudio Leoni, indicó que presentará una denuncia contra el intendente José Corral. Se deba a la liquidación con diferencias por debajo de lo acordado en paritarias.
Mediante un comunicado, Festram dio a conocer que la Municipalidad de Santa Fe liquidó salarios con una diferencia estimada en torno a los 40 millones de pesos por debajo de lo acordado en el acuerdo paritario. Hoy, el secretario General del gremio, Claudio Leoni anunció que se presentará una denuncia penal contra el intendente José Corral y la secretaria María Martín.
Acorde a lo publicado por la propia entidad gremial, “cientos de trabajadores municipales impulsaron un reclamo administrativo previo a la acción judicial, con la intención de que las autoridades procedan a devolver las diferencias salariales que surgen de la aplicación de la paritaria municipal, fijada a través de la Ley 9.996.
FESTRAM promueve denuncia penal contra el intendente José Corral https://t.co/QiJKBKwiwF vía @YouTube
— FESTRAM Municipales (@MunicipalesSF) December 5, 2019
Los firmantes de la demanda colectiva estiman en más de 40 millones de pesos la diferencia salarial que, según consideran, el gobierno municipal acordó con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (Asoem), lo que no incluye las deudas que también se mantienen en la retribución de jubilados y pensionados”.
Festram, firmante del acta paritaria que incorporó la cláusula gatillo, solicitó información al respecto, corroboró “la certeza de los demandantes, ratificando así la existencia de tales diferencias salariales”. “Con una paritaria ilegal, Asoem y la Intendencia santafesina acordaron una política salarial a la baja, violando disposiciones de las Leyes 9.286 y 9.996, las que establecen que los acuerdos paritarios provinciales son de aplicación obligatoria en todos los municipios y comunas de esta provincia”, denunciaron.
En conferencia de prensa, Leoni sostuvo hoy: “Hemos sido defraudados y estafados. Eso implica incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documento público, malversación de fondos y todas ilegalidades merecen ser puestas a consideración de la justicia penal porque los mecanismos de diálogo se agotaron”, fundamentó ante la prensa local.
