El dato lo esgrimió Jaquelina Balangione, defensora General de la provincia. Resaltó el rol de Defensoría Penal para los sectores de mayor vulnerabilidad social, marcó la problemática de las mujeres detenidas, analizó el problema del micromenudeo y brindó datos sobre el hacinamiento carcelario.
“Tratamos de hacer una difusión de nuestro trabajo. Es difícil trasladar a la sociedad esta función del Estado que tiene que ver con garantías constitucionales y con una decisión política del Estado argentino que es la consagración del principio de inocencia”. De esa forma, la jefa del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Jaquelina Balangione, se refirió a la función de la entidad y los derechos que garantiza. En una entrevista con Ciudadanos (que se emite este domingo, a las 20, por Somos Santa Fe, Somos Rafaela y Somos Rosario), ilustró que el artículo 18 de la Constitución nacional indica que “ninguna persona puede ser considerada culpable ni penada, hasta que no sea declarada culpable a través de un juicio previo que se base en una ley anterior al hecho del proceso”.
En ese orden, la defensora General hizo hincapié en cuestiones como “la garantía de judicialidad”, vale decir, que a una persona señalada como posible autora de un delito no se la puede penar hasta que no haya pasado por un juicio. Por esa razón, “cada Estado debe garantizar un sistema de justicia penal para poder investigar y poder aplicar una pena”, explicó y subrayó: “Mientras tanto a la persona se la considera inocente, hasta que no haya una sentencia que diga que es culpable”. Es por eso también que el propio Estado debe garantizar el derecho de defensa.
De calidad
“La defensa pública es de calidad”, resaltó Balangione y destacó que el organismo se guía por estándares internacionales. “No podemos dejar de apelar, tenemos que estar atentos a que se respeten los derechos humanos. Es mucho más estricto que el caso de los defensores privados”, comentó y precisó: “Entre el 85 y el 90% de todos los casos de la provincia se atienden a través de la defensa pública. Y en el caso de los que están privados de la libertad, casi el 100%”.
Consultada sobre el posicionamiento de Santa Fe con relación con el resto de las provincias, indicó que, por el momento, la defensa pública es solamente penal. “Desde mi lugar de cabeza del servicio público tengo un interés muy grande de convertir la defensa penal en un verdadero Ministerio Público de la Defensa, que involucre otras áreas del derecho para todos los sectores de vulnerabilidad”, expuso. En tal sentido, sostuvo que tal servicio es gratuito lo cual no es menor habida cuenta que el sistema penal “tiene selectividad porque recae sobre los sectores más pobres de la sociedad porque la política criminal persigue el delito que se maneja en los sectores de mayor vulnerabilidad”, enfatizó.
Mujeres, pobreza
Sobre las mentadas controversias y opiniones que enlazan el delito con la pobreza, Balangione puso el foco en el “gran porcentaje de mujeres que están prisionizadas, que son pocas con respecto a los varones”. “Hoy en Santa Fe tenemos casi 6500 presos, de los cuales 6200 son varones y menos de 300 son mujeres. Crece más rápido el número de mujeres y muchas de ellas están por la venta del micromenudeo de sustancias no permitidas. Y eso tiene que ver con la falta de trabajo que tienen esas chicas. El otro porcentaje está vinculado al ejercicio de la prostitución, que no es delito pero las vincula a determinados tipos de delitos conexos, como la trata”, fundamentó.
A propósito, la jefa de los defensores fue tajante: “No es una justificación, sino que esto se relaciona con una situación económico social que tiene que ver con la pobreza y la falta de acceso a muchos derechos que tiene el sector más pobre de la sociedad”.
Federales y micromenudeo
Por otra parte y a propósito de la función de la justicia federal, el propio narcomenudeo y el narcotráfico, Balagione planteó que la Defensa Pública tiene un doble rol: “Brindar la defensa a los imputados y el monitoreo de todos los lugares de encierro. Los presos federales que están cárceles provinciales también están bajo nuestra órbita en cuanto a las condiciones estructurales. Y tenemos un registro público de violencia institucional y de tortura”.
En ese marco, se realizaron entrevistas en los penales de Coronda, la Unidad 5 de Mujeres y Piñero. “Entrevistamos a 158 personas que están por estupefacientes y corroboramos la información con los defensores federales. De esos 158 casos, más del 50% están condenados por tenencia”, especificó y recalcó que la política criminal se aboca a “perseguir al consumidor y al micromenudeo y critico que no se persigue al narcotraficante”, remarcó y añadió que en las cárceles provinciales se alojan 800 presos federales mientras “el gobierno nacional no pone un centavo y de todo esto se hace cargo el gobierno de la provincia, y tenemos hacinamiento”.
Ahora bien, Balangione se mostró taxativa al decir que “el problema de consumo tiene que ser abordado por el sistema de salud pública. El derecho penal no tiene nada que hacer ahí. La prueba está en que cada vez es mayor el consumo y cada vez es mayor la cantidad de personas presas por eso. La respuesta punitiva no soluciona el problema. Y además, genera hacinamiento carcelario”, definió. Y consignó finalmente: “En estas condiciones, no podemos pensar que la gente va a ser resocializada”.