El consorcio periodístico había desnudado gruesas irregularidades de la actual gestión municipal hace dos años. Sin embargo, en los diferentes poderes no se investigó y hasta corrieron fiscales. Pero hoy, la suerte parece ser otra.
Una auditoría del Tribunal de Cuentas Municipal, respecto de la investigación y denuncia periodística llevada adelante por el consorcio Corral Papers, llevada adelante hace dos años, ratifica los resultados que expuestos los periodistas.
Llamativamente, el informe del órgano de control data de abril de 2018. Sin embargo, José Corral se encargó de decir públicamente que no se habían encontrado irregularidades.
Vale recordar que la causa judicial no gozó de los carriles rápidos o habituales, sino todo lo contrario. Hasta corrieron de la investigación al fiscal Roberto Apullán.
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La denuncia periodística se hizo después de una enorme filtración de documentos de la gestión municipal que tiene al frente a Corral. La trama de la investigación mostraba cómo se utilizaron fondos del erario público para construir y aceitar la red de punteros políticos.
Las pruebas que ofrecía el consorcio periodístico eran documentos oficiales, planillas de trabajo, carpetas con anotaciones, imágenes y un sin fin de información que debió ser pública, pero que no lo era.
La investigación hizo foco en el Programa de Iniciativas Comunitarias, creado por la ordenanza 10.100 para brindar una alternativa laboral a personas que no tienen acceso laboral.
Pero la gestión Corral se saltó todos los pasos legales que garantizaban la equidad en la que debe desarrollarse la puesta en marcha de dicho programa.
Así, parientes de políticos, empleados municipales y hasta funcionarios integraban asociaciones que recibieron millones de pesos provenientes de las arcas municipales, lo cual está expresamente prohibido.
Más de 60 empleados municipales fueron beneficiados en esos contratos, lo cual era imposible que no se supiera en los altos mandos municipales.
Se revelaron convenios de cientos de miles de pesos, otorgados a dedo, detrás de concursos de precios dibujados durante años oficialmente. También se reveló quiénes son los punteros elegidos para “el aguante territorial”.
En el Concejo Municipal se intentó llevar adelante una comisión investigadora y la acción sólo contó con los votos del peronismo.
Al Tribunal de Cuentas se le encargó una auditoría, y el propio intendente se encargó de decir que no se había encontrado ninguna irregularidad. Sin embargo, el informe de esa auditoría data del 26 de abril de 2018 y dice todo lo contrario.
La auditoría deja en claro que el período en el cual se puso la lupa es 2013 – 2016. Las contrataciones efectuadas por el Municipio, mediante este programa llegaron a 1.193, con 111 asociaciones o cooperativas, de las cuales, quienes llevaron adelante la auditoría tomaron el 18% al azar para analizar el cumplimiento de la ordenanza que enmarca el Programa de Iniciativas Comunitarias. Algunas de las asociaciones o cooperativas son las que fueron denunciadas por el consorcio periodístico.
En la redacción del informe del Tribunal de Cuentas, bajo el título “Hallazgos” se esbozan conclusiones, algunas de ellas lapidarias.
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No se pudo verificar el cumplimiento de la presentación de proyecto alguno de iniciativa comunitaria conforme lo regula la ordenanza 10.100”, dice el texto del Tribunal de Cuentas.
Otros de los hallazgos es que “no hay trayectoria pública acreditada por las asociaciones o cooperativas”.
En ninguno de los casos se cumplió con el procedimiento que corresponde para otorgar el beneficio del programa que es el concurso privado de precios y también se verificó la ausencia total de pedidos de cotizaciones.
Ninguna cooperativa supo cuál era la tarea específica a desarrollar, extensión o herramientas a usar, pero sin embargo todas cotizaron dentro del precio oficial. El interrogante que surge aquí es ¿cómo se cotizó algo que no se sabía qué era?
“No se verifica ningún indicador que permita evaluar si el monto presupuestado en cada caso a lo que se contrataba”, dice el informe del órgano de control.
“Se verifica que al momento de la contratación el entonces coordinador del programa era a su vez apoderado de la cooperativa contratista, poseyendo un poder general de administración y disposición. Tal condición resulta incompatible con las disposiciones estatutarias, principios de transparencia y ética que ordena el ejercicio de la función pública”, especifica el informe del Tribunal de Cuentas.
En el caso de la cooperativa “Luchemos Juntos por un Barrio Mejor” es icónico: el mismo día iniciaron el expediente, se lo aprobaron, desde el área legal del municipio dieron luz verde, iniciaron las actividades, pero el anticipo financiero se cursó antes.
