Se trata del justicialista Horacio Compagnucci, quien aspira a su reelección. Según se denunció, se registró una “utilización de un sistema financiero paralelo” que afectó a los socios de la entidad.
Tras la intervención de la mutual de Argentino Atlético Club de Las Parejas que se inició en agosto de 2018, la asamblea de la entidad (reunida el pasado viernes 31 de mayo) dio a conocer una serie de irregularidades que involucran al intendente de Horacio Compagnucci.
En concreto, Araceli Vaquer, en su carácter de interventora, habló de “la utilización de un sistema financiero paralelo lo que implica una distorsión de la real situación de la Mutual, por ende, suministraban información irreal a los asociados a través de los estados contables y a los distintos organismos de contralor, provocando una administración irregular siendo responsable el Consejo Directivo de la entidad dado que el mismo posee la administración de la Mutual, (art. 15 y 16 de la ley de mutualidades), y la junta fiscalizadora quien a su vez tiene el contralor de la gestión que lleva adelante el Concejo Directivo”.
Además, se puso de manifiesto que se corroboraron “desvíos de fondos con destinos particulares a través del uso del sistema financiero paralelo distorsionando la figura de la Mutual y haciendo uso de los beneficios impositivos con la que cuenta el sistema mutual”, a lo que se añade “desconocimiento de los orígenes de los fondos ingresados al sistema financiero paralelo, incumplimiento a las normativas de la UIF (Unidad de Información Financiera)”.
En su presentación, la interventora también aludió a “pagos y/o transferencias recibidas y/o realizadas a terceras personas no asociadas de la mutual pudiendo existir una supuesta intermediación financiera no autorizada; registraciones de gastos sin los respectivos comprobantes lo que hace presumir que se hacía para disminuir los saldos pendientes de caja de fondos cuyos orígenes en parte proviene del sistema financiero paralelo incumpliendo con la ley de mutuales; pago de premios y otros al personal sin declarar en recibo de sueldo; préstamos y ahorros no declarados, sin liquidar impuestos de sellos”.
Al mismo tiempo se detallaron acciones como “descuentos de valores a terceras personas o comercios locales para hacerse de efectivo; compra venta de dólares, actividad prohibida para las entidades mutuales; traspaso del sistema financiero paralelo a la contabilidad oficial de la mutual de pasivos y activos incobrables, trasladando préstamos incobrables a la mutual para cobrar créditos otorgados en forma personales, como así también ahorros tomados en forma particular hacia la Mmtual”. Se mencionó, a su vez, “préstamos a asociados con alto grado de incobrabilidad y concentración de saldos a los cuales se les continuaban otorgando préstamos a sola firma aumentando la incobrabilidad de la mutual. Préstamos a directivos y ascendientes o descendientes en primer grado. Cancelación de préstamos de directivos y otros con fondos de sistema financiero inexistente utilizando la cuenta ahorro mutual variable, utilidad Bingo Interclubes”.
Así también se detectó “sesiones de derechos y acciones recibidas y otorgadas, boletos de compraventa de vehículos no contabilizados o mal registrados, y en los casos que sí correspondía sin aprobación asamblearia”. Finalmente, Vaquer entregó los informes en cuestión a la nueva comisión directiva.
La figura del justicialista Compagnucci, quien competirá este domingo por su reelección, entra en juego por su amistad con expresidente de la mutual, Eduardo Martini. En efecto, un documento por 150 mil dólares cuenta con las firmas de ambos. Como se mencionó anteriormente, la mutual tiene prohibido comercializar, comprar o vender la divisa estadounidense. Otra de las irregularidades que compromete al intendente se vincula a la involucración de la propia Municipalidad de Las Parejas en virtud de préstamos y documentos utilizados, en definitiva, para el lavado de dinero.
Según los artículos 260, 261, 264 y 265 del Código Penal, las penas para estos delitos comprenden la inhibición por seis meses para ejercer cargos públicos a 10 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua, por la sustracción de caudales, y mala administración que haya efectuado con abuso de poder.
