La justicia federal sigue el camino en la investigación que tiene como centro el accionar corrupto de varios policías que fraguaron actas y se relacionaban con narcotraficantes. Los delitos de los que se los acusa están agravados por su rol.
El juez federal Francisco Miño procesó a seis personas de las cuales cinco pertenecen (aún) a la Policía Federal, y entre estos últimos el exjefe de la delegación local de la fuerza, Marcelo Lepwalts.
A principios del mes de mayo, se conoció el escándalo en la delegación local de la fuerza y los efectos retumbaron con fuerza no sólo en Santa Fe, sino que el ruido llegó hasta Buenos Aires.
“Su señoría” los acusó de varios delitos en concurso real (es decir, todos juntos y acumulados), de acuerdos a las pruebas que pudo reunir el fiscal federal.
Falso testimonio, tenencia simple de drogas, encubrimiento, todo ello agravado por sus roles de funcionarios públicos.
Los policías se contactaban con narcotraficantes para cambiar o negociar sumas de dinero a cambio de protección policial para que estas actividades no sean alcanzadas por el brazo de la ley.
El sexto procesado es un civil, identificado como Guillermo Kernc, que era el narco involucrado.
Un dato que resulta interesante es que la investigación nace a partir de una denuncia realizada por una vecinal, que denunció a un tal “Lucho” por vender drogas y aportó un teléfono.
Tres de los policías procesados continuarán presos y se les trabó embargo por 300 mil pesos, mientras que a los dos efectivos restantes el embargo que los alcanza es de cinco mil pesos y continuarán el proceso en libertad.
