Se trata de personal de los ministerios de Seguridad y de Justicia que pasarán al organismo de investigaciones a partir de una resolución del fiscal General, Jorge Baclini. La medida se tomó fuera de término y, además, los nombres cargan con parentescos vinculados a figuras de la política y la justicia.
En los últimos días, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) concentra todas las miradas de la opinión pública a partir del nombramiento de 195 personas en ese organismo. En concreto, los empleados judiciales plantearon su malestar por la decisión que lleva la rúbrica de Jorge Baclini, fiscal General.
Sin procesos de concursos mediante, la nómina de nombrados y nombradas comprende nombres vinculados al ámbito judicial y al propio Poder Ejecutivo. Específicamente, el salto supone su paso al área de investigaciones del MPA.
A los efectos de ahondar en el derrotero que hace posible estos hechos, cabe recordar que en diciembre 2014 la Legislatura sancionó la ley que crea el organismo de investigaciones, normativa promulgada en enero de 2015. De esa forma, se fijó un plazo de cuatro años –ya vencido en enero de este año– para que el fiscal General incorpore al organismo de investigaciones en cuestión el personal que considere necesario. También se le otorgaba la posibilidad de incorporar 50 personas por concurso. Vencidos los plazos, la resolución de Baclini data del 7 de febrero último (23/2019), lo cual ya implica una anomalía.
En efecto, el listado de 195 personas, de las cuales entre 80 y 85 son policías que ya se venían desempeñando en la PDI (Policía de Investigaciones), dependiente del Ministerio de Seguridad. Estos efectivos cumplían con las condiciones necesarias para ocupar un cargo en el área de investigación. Así las cosas, un número importante de los agentes, algunos de ellos administrativos, pasaron de las carteras de Seguridad y de Justicia a la órbita del organismo de investigaciones. Lo curioso en este punto radica en una suerte de capacitación exprés que le otorgó facultades a un número significativo de personal para obtener estado policial, lo cual ya lo facultaba para ser parte del organismo de investigaciones en cuestión.
Este último hecho suscitó el enojo del sindicato de judiciales al objetar la modalidad, a sabiendas de un personal de carrera que ha rendido sendos concursos para los debidos ascensos.
En este gran asunto, uno de los puntos significativos se inscribe en los parentescos y afinidades de una gran porcentaje de los 195 nombrados. Aquí, las nóminas.
Por su parte, este domingo el gobierno provincial lanzó una serie de aclaraciones mediante sus canales de comunicación oficial. El texto indica que el “organismo de investigaciones es un órgano técnico policial que realiza un conjunto de actividades policiales de investigación dentro del ámbito judicial, que requiere de sus integrantes una serie de capacidades específicas. Para ello, las actividades que desarrollará el organismo de investigaciones, en parte, las viene realizando personal dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que la ley recepta tres formas de ingreso diferentes, considerando la especialidad de la materia: concurso de funcionarios y empleados; creación de cargos; y traspaso de personal de algunos de los poderes del Estado (Resolución 0023/2019)”.
Al respecto, el Ejecutivo santafesino hizo hincapié en que “el agente que se traslade ingresará al escalafón del Organismo de Investigaciones considerando su antigüedad, nivel jerárquico y régimen previsional de acuerdo a las disposiciones que establezca la reglamentación a dictar por el Fiscal General.
“Esta es una de las formas de dotar de personal al Organismo de Investigaciones y es la que corresponde con la Resolución mencionada. Esto es, el traspaso de personal que se encontraba en la órbita del Poder Ejecutivo que se traslada para la órbita del Organismo de Investigaciones”.
“El ingreso del personal de traspaso aún se encuentra pendiente de aprobación. Se trata de un expediente en trámite, que todavía no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo, donde previo a hacer el decreto correspondiente, se examinará exhaustivamente las propuestas para asegurar que todas las designaciones se ajusten a las normas y procedimientos establecidos y no tengan ninguna incompatibilidad ni funcional ni ética”.
“Del total de personas que se encuentran para el traspaso, más del 80% ingresarán con la categoría más baja, siendo el restante del personal equiparado a los fines de que no pierdan su nivel jerárquico y su retribución, derechos de los trabajadores que deben respetarse y así lo enmarca la ley”.
“Del total de personas para traspaso, más del 30% son personal policial que porta armas de fuego, aproximadamente 45% son técnicos criminalísticos, más del 10% son personal de análisis digital forense y el resto del personal con diferentes profesiones y capacidades”.
