El río Salado crece y el oeste se alarma. Es matemático, automático, directo, causa y consecuencia. La Municipalidad se empeña en resaltar las bondades de “los traslados de familias desde la Nueva Tablada”. Pero desde un movimiento social le señalan algunos puntos contrarios y hablan de obligaciones e imposiciones. El contrapunto.
Nuevamente, y como historia repetida, en la ciudad de Santa Fe familias que para la Municipalidad son trasladadas o reubicadas desde barrios vulnerables por cualquier crecida de río, para movimientos sociales son maltratados y obligados a abandonar su lugar.
El “contrapunto” no es nuevo y tuvo su origen en Bajo Judiciales y La Vuelta del Paraguayo. Ahora es en la Nueva Tablada y las familias que cambian de lugar lo hacen hacia barrio Jesuitas, en el noroeste de la ciudad.
Desde que el río Salado viene acumulando caudal, los protocolos municipales de monitoreo se vienen cumpliendo al pie de la letra. Conjuntamente con ello, se activó una serie de acciones para que las familias que están en La Nueva Tablada sean “reubicadas en una zona más segura”, según lo explicado por la Municipalidad en sus partes de prensa.
“Esta semana más vecinas y vecinos que vivían en zona de riesgo hídrico y en precarias viviendas, se establecieron en sus flamantes casas en barrio Jesuitas, que están a cota segura y contarán con todos los servicios”, reza parte de la comunicación de esta semana emanada del Gobierno de la Ciudad.
Sin embargo, desde el Movimiento de Trabajadores excluidos se brindó una versión menos edulcorada y más cruda. En un escrito que llegó a varios periodistas y medios de prensa se puede leer que “el 1 de febrero, los vecinos y vecinas de La Tablada Vieja, en el medio de un nueva inundación del Río Salado, han sufrido un proceso de desalojo (bajo promesas de mejoras) ejecutado por el Gobierno Municipal”.
La Municipalidad reforzó su versión de los hechos citando a una de las mujeres que cambió de lugar: “Celeste, junto a su marido y sus cinco hijos, recientemente se mudaron de la Vieja Tablada a las viviendas de Larrechea y Piedrabuena, lo que para ellos es un nuevo comienzo. ‘Tener una nueva casa significa mucho, porque se sufrió mucho en las inundaciones. Esto es un sueño que no se puede explicar’, cuenta y recuerda que antes, con cada crecida del río Salado ‘no dormía, estaba intranquila, pensaba en mis hijos, que tenía que mandarlos a otro lado para que estén bien’. Con una sonrisa, dice que hoy su realidad es distinta: ‘La casa es un lujo, le agradezco mucho a José Corral y a todos los que estuvieron porque se pasaron. Mi familia está más tranquila, mis hijos se levantan más contentos y ya no están pensando en si el agua está creciendo. Se cambió un montón, ya no estamos pensando más en la llegada del agua'».
Por su parte, el Movimiento de Trabajadores Excluidos dice que “dicho proceso (de cambio de lugar) no fue en buenos términos, ya que se concretó bajo amenazas y malos tratos. Allí intervinieron móviles de Gendarmería Nacional, decenas de policía de la provincia, cuadrillas de municipales, G.S.I. (Guardia de Seguridad Institucional), palas mecánicas, topadoras, camiones y con la presencia de funcionarios públicos como Mariano Cejas, secretario de Ambiente, y Mario Alarcón, coordinador Ejecutivo del Programa de Promoción Social, del Ejecutivo municipal”.
La promesa, según quienes se oponen
Según el MTE, “las promesas de mejoras consistieron en relocalizar a 19 familias inundadas del barrio a sus nuevas viviendas en Jesuitas. Pero no solo relocalizaron familias que habían llegado a un acuerdo, sino que también, desalojaron ilegalmente a vecinos y vecinas que no tenían ningún acuerdo de relocalización con el Municipio”.
Desde el aparato de comunicación de la Municipalidad se dijo que “las nueve familias que este jueves fueron reubicadas desde la Vieja Tablada, estuvieron acompañadas por un numeroso equipo de asistentes y profesionales del Gobierno de la Ciudad. Las secretarias General, María Martín, y de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti, participaron del operativo junto a la Agencia Santa Fe Hábitat. «Como siempre dice José, lo importante es día a día estar mejor preparados para los desafíos que nos presenta el clima. La ciudad de Santa Fe cuenta con un plan y hoy la prueba más concreta es que ante la crecida del Salado tenemos una respuesta para gente que todos los años sufría. Hoy dimos un paso más, se va a continuar y por eso estamos muy contentos de poder ayudar para que familias cambien su vida», aseguró María Martín.
El grupo que se opone al traslado, por su parte, apeló a argumentos legales: “Es necesario mencionar que el Barrio La Tablada Vieja forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares creado en el año 2016, y que por lo tanto, según lo que establece el art. 15 de la LEY 27453 (que crea el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana), dichos barrio popular no puede ser desalojado durante los próximos cuatro años de entrada en vigencia de la ley”.
Contrariamente, el parte de prensa del Gobierno de la Ciudad hace hincapié en el trato “mano a mano con los vecinos”. “Nos transmiten mucha alegría, ganas de superarse y empezar una nueva etapa”. Para lograr la reubicación de las familias, el equipo de Desarrollo Social de la Agencia Santa Fe Hábitat han estado en diálogo permanente y continuo. Todo este proceso fue consensuado y los vecinos están muy contentos por la mudanza. Este es un proceso digno de destacar porque es la forma de trabajar, en diálogo permanente con los vecinos”.
En cambio, para el Movimiento es diferente: “Como consecuencia de este atropello, se han destruido viviendas, se han destruido materiales y herramientas de trabajo, y no conforme con ello, utilizando palas mecánicas mataron y enterraron animales (gallinas, cerdos, patos), que las y los vecinos crían para su subsistencia”.
“Se trata de un plan muy ambicioso de viviendas que nos va a permitir dar soluciones a problemas que todos los años la ciudad tenía y hoy podemos resolver. El desafío de la ciudad es este: no ocurre en muchos lados que, frente a inclemencias climáticas, las ciudades se paren y digan que estamos mejor preparados que en otras oportunidades. Esta es una tarea que lleva años y esfuerzo”, contrapuso María Martín.
Desde el MTE apelan a un argumento por demás de conocido, pero no por eso menos contundente: “La mayoría de los y las habitantes de la Tablada Vieja viven de la cría de animales, de la recolección y el reciclado de residuos, así como también de la producción de ladrillos. Ninguna de estas actividades puede realizarse en el Barrio Jesuitas, donde los obligan a ser relocalizados exigiéndoles modificar sus actividades laborales. Por todo esto, exigimos al Gobierno Municipal que atienda a los reclamos de los y las vecinas, teniendo en cuenta sus demandas y que brinde un resarcimiento por los atropellos cometidos durante el desalojo. Es necesario que se terminen estos procesos de desalojos violentos que lleva adelante la administración de José Corral que atentan con la dignidad de las y los vecinos de los barrios populares de nuestra ciudad”.
Lejos de terminar, es probable que estas escenas se repitan ininterrumpidamente por un largo tiempo más. Todavía no asoma la posibilidad de acordar sobre el uso de los espacios, en lo que claramente el estado debe tener preponderancia, pero no sin tener en cuenta las circunstancias en las que viven las personas que habitan esos espacios.
