La medida responde a una solicitud del fiscal Martín Suárez Faisal y fue ordenada por la jueza Lilia Carnero. Quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad cumple con prisión domiciliara desde el pasado 7 de diciembre.
El Tribunal Oral de Santa Fe investiga si el exjuez Víctor Brusa tiene armas de fuego en su poder en su vivienda de barrio Sur de nuestra ciudad, donde cumple arresto domiciliario desde el pasado 7 de diciembre.
Según informó hoy Rosario/12, el fiscal Martín Suárez Faisal elevó un pedido y la jueza de ejecución de la sentencia, Lilia Carnero, requirió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) –anteriormente Registro Nacional de Armas (Renar)– que informe si Brusa «posee algún arma registrada a su nombre», y en tal caso, «cancele toda autorización para tenerla y/o portarla» y lo «intime a entregarla ante ese organismo». La magistrada ya dispuso la «vigilancia electrónica» del represor a través de una «pulsera transmisora», decretó su «prohibición de salir del país», notificó la orden a la Dirección Nacional de Migraciones y ahora también ofició al Registro Nacional de las Personas para que tampoco le entreguen un pasaporte nuevo. Todo, a requerimiento del Ministerio Público.
Suárez Faisal ya solicitó seis medidas para controlar la libertad domiciliaria de Brusa, entre ellas investigar si tiene armas de fuego a su alcance. Son todas las que propone el protocolo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para que los genocidas no burlen los privilegios que les otorgan los jueces. El documento es de 2006 y está disponible en la página del Ministerio Público.
Domiciliaria a Brusa: «Los argumentos son una falta de respeto para la sociedad»
Brusa tiene una condena unificada a 23 años de cárcel por «asociación ilícita» y «apremios ilegales» a nueve militantes políticos. Estuvo preso 13 años, le faltaban 10 y ya volvió a la casa.
Aunque la jueza no le retiró el pasaporte a Brusa, sí le comunicó al Registro Nacional de las Personas el «impedimento para entregarle uno nuevo», tal como solicitó el Ministerio Público.
«La prisión domiciliaria no debe convertirse en una situación laxa que conlleve el riesgo de frustrar el cumplimiento de la pena», adujo Suárez Faisal. «Tengo en cuenta que el caso reviste una gran trascendencia social», no solo porque Brusa es «autor de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, sino también porque la mayoría de las víctimas de sus actos se domicilian en la misma ciudad donde se cumplirá la medida, lo que obliga a las autoridades estatales a actuar con la mayor prudencia posible».
El pasado 19 de diciembre, organismos de derechos humanos, tanto como organizaciones sociales y sindicales realizaron un escrache frente al domicilio del exjuez, a media cuadra del Juzgado Federal local donde se desempeñó como juez hasta el año 2000.
