El Ministerio Público Fiscal emitió una resolución en la cual describió cómo funcionó, desde 2008 hasta septiembre de este año, el mecanismo de desvío de fondos de ambas cámaras legislativas, a través de “contratos truchos” durante los últimos 10 años.
Entre Ríos-. En una resolución emitida este miércoles, el Ministerio Público Fiscal reformuló los hechos investigados a raíz de las irregularidades detectadas en contratos de obra suscriptos en ambas cámaras legislativas en los últimos 10 años y describió el mecanismo instrumentado para la defraudación.
Puntualmente, se indicó que entre enero de 2008 y septiembre de 2018 Flavia Beckman, Hugo Mena, Hugo Luna (ya fallecido), Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviena Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.
El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.
Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de 4.500 pesos cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50.000 pesos” por contrato.
En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de 5.000 pesos cuyos montos se fueron incrementado también hasta 50.000 pesos.
“Entre ámbas cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, se precisó desde el MPF.
