El Concejo Municipal determinó cuáles son los objetivos y funciones de la Guardia de Seguridad Institucional. La normativa también establece cuáles serán los requisitos para prestar servicios y quienes no podrán ingresar.
El Concejo votó este jueves el ordenamiento y marco jurídico-funcional de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), cuerpo de prevención municipal creado por decreto municipal 1277, en 2008.
La GSI dependerá de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad ciudadana municipal y entre sus funciones y objetivos de trabajo estará “difundir formas de comportamiento que promuevan los valores de seguridad, transitabilidad, libre esparcimiento, integridad de bienes públicos, buena convivencia y de respeto del bien común”, dice el texto de la ordenanza.
Además, la Guardia “deberá proteger los recursos humanos y bienes del Estado municipal, sus entes descentralizados y los espacios públicos con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas, sus patrimonios y sus derechos; la guardia deberá también promover condiciones de seguridad mediante la vigilancia, prevención, educación y control ante aquellas conductas que atenten contra la seguridad de las personas o bienes y ejercer presencia en lugares públicos con el fin de disuadir posibles hechos delictivos y vandálicos; colaborar con los organismos de tránsito en caso de accidentes, tumultos o manifestaciones populares dentro del ejido urbano; realizar las inspecciones y controles necesarios en ejercicio del poder de policía municipal; además de colaborar en eventos públicos de concurrencia masiva”.
Requisitos
Serán requisitos para prestar servicios en la GSI “ser argentino, nativo o naturalizado; tener entre 18 y 50 años de edad; poseer estudios secundarios completos; residir en la ciudad de Santa Fe; poseer aptitud psicofísica para la función a desarrollar; y demás cualidades y exigencias que el Departamento Ejecutivo estime necesarias para la prestación de servicios”.
Los aspirantes deberán cumplimentar un proceso de selección de personal determinado por el Departamento Ejecutivo municipal, en el que se evaluará la adecuación de su perfil a las características del puesto a cubrir, debiendo además tenerse en cuenta a quienes pudieren acreditar su participación en ONGs vinculadas a la convivencia y el bien común.
No podrán ingresar a la GSI “quienes hubieren tenido sanciones disciplinarias en la administración pública por faltas graves; quienes hubieran sido condenados por delito cometido en perjuicio de la Administración Pública en cualquiera de sus órdenes; quienes se encuentren inhabilitados por concurso o quiebra; quienes tengan pendiente proceso criminal o hubieran sufrido condena por delito doloso; quienes estén inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos; y quienes hubieran sido exonerados en cualquier dependencia pública hasta tanto no fuere rehabilitado”.
Para el edil Sergio Basile, autor de la normativa, “es necesario que los Estados se modernicen, que sean más eficaces, eficientes, transparentes y equitativos en el desarrollo de sus funciones. Entendemos, a su vez, que la inclusión y la solidaridad deben ir de la mano de la educación, y la prevención, a fin de erradicar prácticas y conductas que atenten contra la convivencia urbana”.
“Establecer un marco legal es necesario a fin de cubrir el vacío existente; resulta indispensable en la sanción de normas que permitan definir competencias y formas de actuación de la G.S.I. convencidos que en su aplicación será más efectiva la tarea de sus agentes”, argumentó el concejal del FPCyS.
Prensa Concejo Municipal
