Este martes se realizó en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Santa Fe, una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad. El encuentro estuvo encabezado por los ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; y de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
Una vez concluida la reunión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, expresó que «fue una discusión muy rica, particularmente sobre la adhesión o no a la Ley de Narcomenudeo. Hubo opiniones divergentes. Hubo legisladores que en su momento plantearon que la ley no resolvería la problemática porque afectaría solamente a los sectores más vulnerables, pero no a la cadena de tráfico».
«Lo que quedó claro es que cualquier tipo de adhesión no sería la persecución al consumidor, sino a aquellas personas que tienen búnkeres, o sea, los pequeños o medianos empresarios de la distribución de drogas. No tiene nada que ver con lo referido al consumo», insistió.
Silberstein señaló que otro de los temas abordados fue la necesidad de contar con recursos, en caso de adherir a la norma. «Los fiscales y el MPA plantearon esta necesidad para perseguir a los distribuidores de drogas. Sobre esto, se dijo que cualquier aplicación de la ley sería de manera progresiva y se iría evaluando la cantidad de recursos necesarios para dar efectiva respuesta».
«No es cuestión de asignar nuevas competencias a los fiscales y a la justicia provincial sin los recursos necesarios, más allá de que el Consejo de la Magistratura recientemente ha designado decenas de jueces penales y fiscales provinciales. Sin perjuicio de ello, la decisión de la provincia es que si hacen falta más recursos, se van a aplicar», amplió.
Asimismo, el ministro mencionó que «de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la República, Mauricio Macri, se van a incrementar los fiscales y jueces federales y hoy en esta reunión, se planteó el impacto que eso tendría y si sería o no una solución. De acuerdo a lo que uno ve y a las experiencias recientes, no sería una solución a corto plazo, porque aunque se aceleraran las designaciones, llevaría cuanto menos un año o año y medio la cobertura de esos cargos. Es una buena medida del gobierno nacional, pero los plazos la llevan muy adelante y el problema lo tenemos hoy».
POLÍTICA DE PERSECUCIÓN
Silberstein se refirió al trabajo que se está haciendo entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y los fiscales nacionales y provinciales. Según dijo, se trata de “un convenio que en su momento firmó el gobernador Miguel Lifschitz, que está funcionando y que se va ampliar e implementar. Hay un proyecto de ampliación con los fiscales federales, los provinciales e incluso con la Unidad de Información Financiera (UIF) para trabajar lavado de dinero en la provincia y específicamente en Rosario”.
“Todo esto se está haciendo, pero la estructura del funcionamiento de la Justicia Federal, más allá de los jueces y fiscales federales que se nombren, hace difícil llevar una política de persecución penal centralizada”, dijo el titular de la cartera de Justicia y explicó: “El sistema provincial de organización de la política penal permite eso, porque tenemos el sistema acusatorio y podemos llevar adelante una política de persecución determinada».
«Los fiscales provinciales deciden perseguir no al consumidor, sino a determinados segmentos de la cadena de tráfico de drogas. Es más fácil y eficiente por más fiscales federales que designe la Nación. La ciudad de Rosario tiene 70 fiscales provinciales contra siete federales. Las estructuras provinciales son más fuertes, tienen una organización mejor y permitirían llevar adelante una persecución centralizada que no se puede hacer en la Justicia Federal”, indicó.
Finalmente, el ministro aseguró que la intención es “ir dando respuesta a quienes cuestionaban el planteo del gobernador y de los ministros de llevar adelante la adhesión a la Ley de Narcomenudeo. La idea es que la ley que se apruebe se adecue a las objeciones que se puedan haber planteado”.
PRESENTES
De la actividad participaron también el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; el Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini; el procurador general de la Corte Suprema de Justicia provincial, Jorge Barraguirre; los fiscales regionales Carlos Arietti (Santa Fe), Patricio Serjal (Rosario), Alejandro Sinopoli (Venado Tuerto), Rubén Martínez (Reconquista) y Diego Vigo (Rafaela); el secretario de Coordinación de Gabinete del Ministerio de Seguridad y Articulación con el Poder Judicial, Pablo Cococcioni; el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Corbellini; el Jefe de la Policía de la Provincia, Marcelo Villanúa, y legisladores provinciales, entre otros.
JUNTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD
Es un órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la provincia.
Fue creado por decreto 24/2015 del gobernador Miguel Lifschitz con el objeto de institucionalizar un espacio de diálogo entre las diferentes esferas del Estado provincial en materia de políticas de seguridad pública en el territorio provincial.
