El fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, formuló el requerimiento de elevación a juicio en el marco de la causa que tiene como imputado al extitular de Bolsafé Valores SA, Mario Enrique Rossini y otras tres personas acusadas de haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global superior a los 250 millones de pesos.
La flamante clausura de la investigación y su posterior elevación a juicio, es la segunda que se da. Anteriormente, el 23 de febrero del 2017, el funcionario judicial elevó la primera parte de la causa que tiene como principal acusado al propio Rossini pero también a un total de ocho personas más, Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarín, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, y Miriam Analía Sabella. Dicha causa se encuentra tramitándose en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a la espera de una fecha de juicio.
En cuanto a esta segunda parte de la investigación, el fiscal Rodríguez, solicitó al juez federal Nº 2, Francisco Miño, que Rossini; el mandatario bursátil, Antonio Iturrioz; el contador público nacional, Leonardo Perrotta, y Favio Carlos Meijome, vayan a un futuro juicio oral.
Para los investigadores del caso, las estafas realizadas fueron por un monto total de $251.036.455,21. Según indicó el expediente emitido desde la Fiscalía Federal, esa suma, «es un resultante de un relevamiento que incluye 36 casos más de los comprendidos en la imputación a partir de continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de las empresas Bolsafé SA y BV Emprendimientos, ubicadas en la ciudad de Santa Fe», (utilizando sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país, así como también de medios de comunicación escritos, radiales y televisivos) durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012″.
Según indica el requerimiento de elevación a juicio, los cuatro imputados captaron a víctimas que entregaron sus inversiones (valores negociables o en dinero) a la firma Bolsafé Valores o BV Emprendimientos SA.
Para los pesquisas, «una primera modalidad se habría ejecutado en función de la firma de contratos de alquiler de valores negociables –operación expresamente prohibida desde el 1 de septiembre del 2003, de acuerdo a la Resolución 8.703 del Mercado de Valores, situación que no había sido informada a los inversores–, que luego habrían sido transferidos a la cuenta BV Emprendimientos SA».
En segundo lugar, se efectuó «la transferencia directa de títulos valores de los comitentes de Bolsafé Valores SB SA hacia la cuenta de BV Emprendimientos, sin que hubiere mediado contrato de alquiler», mientras que «la tercera, fue la apropiación de sumas dinerarias de propiedad de sus clientes a su requerimiento».
Mario Enrique Rossini formó parte del directorio de Bolsafé SA desde el 11 de agosto de 1992 y permaneció en ese cargo hasta el 13 de diciembre del 2012, fecha en la que fue detenido. En 2013 fue alojado en el penal de Las Flores y luego, en 2014, logró el beneficio de la prisión domiciliaria durante ocho ocho meses. Un año después volvió a ser alojado en el penal de Las Flores.
El año pasado, el 14 de septiembre del 2017, tras vencerse los plazos de la prisión preventiva, logró salir en libertad y esperar el juicio excarcelado.
Bolsafé Valores supo contar con 34 productores inscriptos en distintos puntos de la región como es el caso de Sabella, otra de las imputadas en la causa que ya se encuentra tramitándose en el Tribunal Oral Federal.
Fuente: Diario Uno Santa Fe
