En Entre Ríos se impulsa un proyecto que apunta la adhesión de la Ley 26.485 de Protección Integral y ajustar los procedimientos judiciales bajo la perspectiva de género. ¿Qué falló en el caso de Fátima Acevedo?
El escandaloso y dramático promedio de un femicidio cada 23 horas en nuestro país sacude no solo a las comunidades cercanas a las víctimas, sino que se convierte en un grito desesperado para las mujeres y diversidades. Por esa razón, Sofía Uranga, integrante del equipo legislativo de la Cámara de Senadores de la Vicegobernación de Entre Ríos, dio cuenta de un trabajo “exhaustivo” para procurar la protección de las propias mujeres, niños y niñas.
En rigor, el proyecto que se impulsa apunta a “derogar leyes que están vetustas en materia de derechos de mujeres y disidencias sexuales”. Entre ellas, la de “violencia familiar” en la línea de abarcar las problemática de la víctimas “con perspectiva de género”. Al respecto, Uranga puso como caso paradigmático de Fátima Acevedo.
Paralelamente, se insta a la adhesión de la Ley 26.485 de Protección Integral que rige en el plano nacional, que permite contemplar todas las violencias que una persona puede sufrir por su condición de género ya sea en el ámbito privado, como en todos los niveles de la vida social. Además de la adhesión, “establecemos un procedimiento específico para la provincia de Entre Ríos. Esto aporta mayor claridad sobre cómo deben ser los procedimientos”. En lo práctico, se apunta a que “siempre que se inicie una causa por motivos de violencia de género debe acompañarse con los antecedentes que se registra en el Registro Judicial por Violencia de Género”.
“El femicidio de Fátima es un síntoma de cómo el sistema de administración de justicia da señales confusas como la causa por alimentos. Mientras haya vigente una causa por violencia de género, no puede haber una mediación, porque la desigualdad de poder amerita que intervenga el Estado para proteger a quien sufre esa desigualdad”, fundamentó Uranga. En ese mismo orden, la abogada consideró necesario “fortalecer la autonomía de las mujeres para que no deban seguir recurriendo a quiénes fueron sus agresores para resolver cuestiones alimentarias”.
En efecto, el juicio por el femicidio de Acevedo comenzó el lunes pasado bajo un jurado popular. La víctima tenía 25 años y había realizado seis denuncias a su expareja (Jorge Martínez, de 35 años) por violencia y buscar asilo con su hijo en la Casa de la Mujer de Paraná. Fátima desapareció el 1 de marzo de 2020. Fue hallada estrangulada en el fondo de un aljibe siete días después.
