Así lo planteó Amnistía Internacional sobre la situación en los centros de aislamiento. Ayer, dos concejalas fueron detenidas tras denunciar al gobernador Gildo Insfrán.

Con el establecimiento de la cuarentena en marzo de 2020, el gobierno de Formosa ha mantenido hasta la fecha férreas medidas para evitar la propagación del Covid 19. Al punto que por estas horas Gildo Insfrán –quien ocupa la Gobernación desde 1995– es objeto de duras críticas debido a las condiciones sanitarias y los derechos humanos vulnerados en los centros de aislamiento, donde las personas que atraviesan la enfermedad del coronavirus sufren vulneraciones como el hacinamiento.

En efecto, Amnistía Internacional alertó por la situación y demandó la intervención del Ejecutivo nacional. El panorama cobró mayor notoriedad ayer, cuando dos concejalas fueron detenidas luego de denunciar los actos del gobernador. “Es inadmisible en una democracia”, advirtió el organismo en un comunicado.

En este contexto, el año pasado cientos de personas no pudieron regresar durante meses a sus hogares en Formosa. De esta forma, el foco de los cuestionamientos se inscribe en el respeto de las libertades de la ciudadanía. Las manifestaciones surgieron a partir de la decisión de obligar a formoseños/as a confinarse en una escuela a pesar de haber dado negativo de coronavirus. Por ese motivo, dos ediles opositoras que elevaron el reclamo fueron ayer detenidas y más tarde liberadas. Se trata de Celeste Ruíz Díaz, de la Unión Cívica Radical y Gabriela Neme, del peronismo disidente, quienes fueron apresadas mientras se manifestaban pacíficamente en la puerta de la Escuela 18 de la capital provincial.

“En Formosa venimos realizando denuncias por las medidas sanitarias arbitrarias que toma el gobierno de Insfrán, que son claras violaciones a los derechos humanos de los formoseños. A la tarde fuimos a la Escuela N° 18, que está funcionando como centro de aislamiento, y en donde hay unas 10 personas que tienen tres hisopados negativos y hace más de 20 días que no los largan. Se supone que con tres hisopados negativos y después de 14 días te tienen que largar, y no les daban ninguna explicación”, precisó Ruíz Díaz en diálogo con Infobae.

Ambas concejalas llevaban barbijos y respetaban el distanciamiento social, pero en este marco la ciudad de Formosa sigue en fase uno y agentes policiales se hicieron presentes para pedirles que se retiraran y luego detenidas por resistencia a la autoridad y violación del art. 205 del Código Penal, en tanto se violaron presuntamente las medidas vigentes para impedir el contagio de la Covid 19.

Amnistía Internacional había exigido ayer la “inmediata liberación” de Neme y Ruíz Díaz, quienes finalmente recuperaron la libertad luego de una hora y media. El texto completo del comunicado dado a conocer este jueves es el siguiente:

Amnistía Internacional exigió hoy la inmediata liberación de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, detenidas en Formosa por manifestarse junto a vecinos en la puerta de la Escuela 18, donde funciona un Centro de Atención Sanitaria (CAS). En una carta dirigida a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la organización pidió la intervención de las autoridades nacionales para garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos.

La organización ya expresó su preocupación por las denuncias recibidas por la violación a los derechos humanos que tendría lugar en los CAS, entre ellas que se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19, lo cual las expone al contagio. Además, la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días y no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus, entre otras graves denuncias.

Estos hechos se suman a las múltiples denuncias de los últimos meses contra las autoridades de la provincia de Formosa por la implementación de medidas para evitar la propagación del COVID-19 que han vulnerado los derechos humanos. Amnistía Internacional realizó diversas presentaciones para denunciar la situación de las más de 8.500 personas varadas sin poder regresar a la Provincia luego de más de 7 meses de declarada la emergencia sanitaria.

“Amnistía Internacional viene reclamando insistentemente a las autoridades provinciales y nacionales que las medidas que se adopten en el marco de la pandemia respeten los derechos humanos. Defender los derechos humanos nunca puede ser un delito. Exigimos que las autoridades respeten  sus compromisos internacionales y garanticen el trabajo de las personas  defensoras de los derechos humanos. La situación que tuvieron que pasar hoy las concejalas es inadmisible en una democracia”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La detención de las concejalas

Gabriela Neme es concejala de la provincia de Formosa, abogada y defiende los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas formoseñas ante diferentes medidas adoptadas por las autoridades provinciales para combatir la pandemia COVID-19. Por su parte, Celeste Ruíz Díaz es concejala provincial.

Ambas se encontraban esta tarde manifestándose junto a un grupo de vecinos y vecinas en la puerta de la escuela 18 de Formosa, en la cual funciona un Centro de Atención Sanitaria (CAS) reclamando por la situación de 19 personas que son obligadas a cumplir cuarentena obligatoria bajo custodia de las autoridades de la provincia desde hace 22 días, a pesar de haber dado negativo sus test de COVID-19. A su vez, en la escuela se encuentran alojados al menos 8 niños y niñas. Un grupo de policías se presentaron en el lugar y se las llevaron detenidas a la Comisaría nro. 1 de Formosa, lugar en el que aún permanecieron detenidas.

Si bien aún no les han informado los motivos de la detención, las autoridades policiales manifestaron informalmente a sus familiares que habrían sido detenidas por resistencia a la autoridad y violación del art. 205 del Código Penal, al supuestamente haber violado medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de la pandemia.

Gabriela Neme ya había sido denunciada ante el Colegio de Abogados de la Provincia de Formosa por dichos durante una audiencia judicial en defensa de personas alojadas en un centro de aislamiento.

FuenteRDP / Infobae
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