El Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, se refirió de ese modo a la megaestafa inmobiliaria que se llevó a cabo en el sur santafesino.
En la jornada de hoy y en el marco de la recorrida por Barrio Yapeyú, junto al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, el Fiscal General de la provincia de Santa Fe Jorge Baclini se refirió a la banda que realizó una megaestafa inmobiliaria que terminó con 14 detenidos.
El fiscal declaró que «es una denuncia que se hizo desde el Ministerio de Justicia, oportunamente a través del Dr. Matías Figueroa, por lo que venimos analizando es la estafa más grande que se ha cometido en Santa Fe desde lo histórico. Mínimamente hay 25 millones de dólares en juego y puede ser mucho más, porque se están hablando de campos y propiedades que tienen mucho valor».
Cabe destacar que en el día de hoy afrontaron la audiencia imputativa por asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos, en el marco de las investigaciones de la mega causa de estafas inmobiliarias que llegaría a la cifra de $ 1000 millones e involucra a 32 propiedades.
Por otra parte, el “líder” de la organización es el abogado penalista venadense Antonio Di Benedetto. Lo seguían el escribano Eduardo Casadei (también de Venado Tuerto); Ángel Emilio Moreale, escribano de Armstrong; y Raúl Jaime, gestor de Rosario.
También integraban la asociación como testaferros o «prestanombres», Luis Alberto Bentati, Milena Fischer, Danisa Elisabet Pintos, María de los Ángeles Sarría, Marcelo Jesús Sava, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall’Armellina, Alberto Long y Roberto Miguel Sainz.
«Esto define la política criminal que nosotros queremos, trabajamos para seguir estos delitos escalas y esto demanda estructuras capacitadas y especializadas que nosotros tenemos que generarla progresivamente porque históricamente no existía», agregó el Fiscal General.
Finalmente, Baclini dio detalles de cómo se movía esta organización ilícita y dijo que «esta banda generaba poderes especiales de administración y disposición de bienes. Una persona fallecida otorgaba un poder a un tercero y este tenía potestades sobre el inmueble, con esto transfería el bien, la propiedad era mía pero cuando yo lo iba a verificar estaba más a mi nombre», graficó.
